La bancarrota en que se ha declarado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) no deja de causar alegría en algunos Gobiernos, aunque en definitiva se trata de una prueba para el sistema democrático. La CIDH, el órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que agoniza por la carencia de recursos económicos, es la única instancia en la región donde se juzgan las tropelías de los Estados contra los derechos humanos.
De un tiempo a esta parte pasó de un sello de confirmación de las violaciones en que incurrían regímenes derechistas a nombre de la lucha contra el comunismo a jugar el papel que más o menos le corresponde en materia de respeto a los derechos humanos.
Hoy está en condiciones financieras tan precarias que si no recibe recursos urgentes dentro de unos meses sus operaciones se reducirán a la mínima expresión, teniendo incluso que despedir un 40% del personal. Un claro desafío para sus miembros.
El Nacional
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