La Guerra de abril, sus aportes a la democracia de RD

Por sus grandes aportes al orden democrático de la nación, la revolución constitucionalista ha sido reconocida, después de la Independencia y la Restauración, como el tercer acontecimiento histórico de nuestra vida republicana, por cuanto fue este acontecimiento el que le puso fin a los largos años de levantamientos, golpes de Estado y dictaduras militares en este país.

Esto se hace evidente, entre otras cosas, cuando se observa que en los 121 años que transcurrieron entre el 27 de febrero de 1844, día del inicio de nuestra Independencia y el 24 de abril de 1965, sólo tres gobiernos duraron el periodo para el cual fueron electos.

1ro.-El gobierno del General Buenaventura Báez, del 24 de septiembre del año 1849, al 15 de febrero de 1853.

2do.-El gobierno de Fernando Arturo de Meriño, quien tomó el poder por elecciones el 1 de septiembre de 1880, hasta el 1 de septiembre de 1882.

3ro- el gobierno del general Ulises Heureaux (Lilís) quien tomó la presidencia el 1 de septiembre de 1882, hasta el 1 de septiembre de 1884.

Sin embargo, que del 24 de abril de 1965, hemos tenido 14 elecciones consecutivas, con sus traspasos de mando correspondientes. Es decir, tenemos 53 años de vida democrática ininterrumpidas, gracias a esa revolución constitucionalista. (Ver en Manual de Historia Dominicana, de Frank Moya Pons: “Gobiernos y Gobernantes de la República Dominicana 1844-2002, págs. (677-688).

Lo que hace falta

Ahora, para fortalecer nuestra institucionalidad democrática, después de estos 53 años de traspasos de mandos consecutivos, entre las cosas que hacen falta tenemos:

a) Que convirtamos esta débil democracia en una democracia constitucional, comenzando con los partidos políticos, los cuales no están actuando con con sujeción a la transparencia y la democracia interna, sino sujetos a los criterios e intereses de los grupos que financian las campañas políticas, para luego, ya los partidos en el poder, aislar y anular las direcciones y militancia de las respectivas organizaciones políticas.

Es mandatorio que los partidos políticos, de quienes deben salir los hombres y mujeres que dirigirán el Estado, no estén actuando como chivos sin ley.

Dejando claros que en ellos no existe la verdad ni la mentira, ni la razón ni la locura, sino las ventajas, astucia y oportunismo, para alcanzar los cargos en el gobierno y los cargos electivos.
Mientras siga siendo así, seguirá en aumento la corrupción, la impunidad, el contubernio y la inseguridad que generan la violencia y la delincuencia.

b) Hace mucha falta, que los gobiernos, sus Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los sectores educativos de la nación, comprendan los grandes aportes de la revolución constitucionalistas al fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática; que definitivamente entiendan que esa revolución no fue comunista.

Porque si esa es la razón del estigma oficial a los constitucionalistas, entonces cometen un error porque eso quedó claro, cuando Ellsworth Bunker, a la sazón embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo lo siguiente:

“Realmente el elemento comunista en República Dominicana no era importante. Era más bien un asunto de quién tenía el poder y algunas diferencias filosóficas. La gente de Caamaño eran, obviamente, el grupo más liberal; la Junta Militar eran más conservadores. Pero aquello era una cuestión de liberales y conservadores, no un asunto de comunistas y demócratas»” (Ver pág. 34 del libro “El Eslabón Perdido” de Hamlet Hermann.

Entonces ¿porqué no ver aquel acontecimiento como uno de los más grandes aportes al fortalecimiento institucional de nuestra democracia, si de esa democracia política que estamos disfrutando?
Es hora de que nos unifiquemos y entendamos que esa revolución fue un acto de honor, dignidad y amor de las tropas constitucionalista a la Patria, por lo que por lo que debemos recordar a nuestro Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, cuando dijo: “Sé unió lo primero, y así apagareis la tea de la discordia.

c) Que sean reconocidos, definitivamente los derechos adquiridos por los militares y policías constitucionalistas, que se les dé un trato especial a los civiles constitucionalistas, y que se termine de dar fiel cumplimiento al Acto de Reconciliación y la Ley 21 del 26 de septiembre de 1965, por cuanto éstos actuaron de conformidad con el mandato del art. 161 de la Constitución de 1963, la cual establecía, hablando de las Fuerzas Armadas, “que el objeto de su creación y existencia es defender la Independencia e integridad de la República, mantener el orden público, la Constitución y las leyes”.
Y haréis justicia.