El Consejo de Ministros de Haití habría autorizado al primer ministro, Ariel Henry, a “solicitar y obtener” de los socios internacionales “apoyo efectivo para el despliegue inmediato de una fuerza armada especializada, en cantidad suficiente para poner fin en todo el territorio nacional la crisis humanitaria”.

Esa versión fue divulgada ayer por el diario oficial haitiano Le Moniteur, que también reveló que el propósito de esa acción sería hacer frente a la inseguridad resultante de las acciones delictivas de las bandas armadas” y a la “la grave situación que vive el país en todos los ámbitos, incluida la reaparición del cólera.

El gobierno de Estados Unidos ha confirmado que Haití ha solicitado ayuda internacional, pero el vocero de la Casa Blanca se refirió específicamente al pedido de Puerto Príncipe de establecer un corredor humanitario para restablecer el suministro de combustible.

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El vocero del Departamento de Estado, Vadel Patel, dijo que Estados Unidos coordina con el primer ministro Henry y otros socios internacionales para determinar qué tipo de ayuda puede brindar a Haití, aunque no se refirió al requerimiento de una intervención militar. Se ha dicho que el Consejo de Ministros de Haití acordó requerir el auxilio de una fuerza militar internacional alarmado por el riesgo de una crisis humanitaria mayor debido al resurgimiento del cólera y al deterioro acelerado de la situación de inseguridad.

La policía haitiana fracasó en un intento por desalojar a las bandas armadas que tienen control del principal centro de almacenamiento de combustible, a lo que se atribuye la decisión del gobierno de solicitar ayuda internacional, aunque señalada como para instalar un “corredor humanitario” que requeriría desalojar por la fuerza a esos los grupos irregulares.

Debería admitirse que la crisis haitiana ha tocado fondo, pero también que corresponde al gobierno haitiano solicitar a sus “socios internacionales” el tipo de ayuda que se requiere para reencauzar a ese país por sendero del orden, seguridad, institucionalidad y recuperación económica.

Es claro que el gobierno dominicano tiene vedado cualquier tipo de consideración respecto a la solicitud de intervención militar que habría aprobado el Consejo de Ministros de Haití, que no sea el de abogar para que cualquier vía de auxilio al vecino se acoja al derecho internacional y cuente siempre con la anuencia y de las instancias legítimas que hoy representan al Estado haitiano, sin que ninguna de las recetas considerada afecte los intereses los intereses de República Dominicana.