El Gobierno debería explicar las razones por las cuales el monto consignado al sector educación en el Presupuesto General del Estado para el 2026 ascendería en términos relativos a 3.8 % del Producto Interno Bruto nominal, lo que constituye una violación a la ley 66-97 que establece que debe alcanzar un 4 por ciento.

En el presupuesto de 2025 se destina un 3.9 % en relación del PIB, lo que también transgrede el estatuto general de Educación, aunque para el año entrante se reduce otra décima porcentual al monto consignado en una ley que fue puesta en vigencia bajo presión de un movimiento definido como “de las sombrillas amarillas”.

El monto asignado al sector educativo básico y preuniversitario asciende en 2026 a RD$332,030.6 millones, lo que representa un 3.8 % en relación al PIB nominal, cuyo cálculo no tiene en cuenta la inflación acumulada, como sería con el PIB real, lo que permite inflar la cifra de crecimiento y, por tanto, la correspondiente al valor estipulado.

A pesar de que el porcentaje se reduce de 3.9 % este año a 3.8 %, en 2026, el total de fondos asignados a educación se incrementaría en RD$22,118.4 millones, una magia atribuida a su comparación con el PIB nominal y no con el PIB real. Lo mismo ocurriría en años subsiguientes durante los cuales se mantendría la misma proporción.

Se podría argumentar que reducir una o dos décimas de puntos en el monto asignado al sector educativo resulta insignificante, pero sería un argumento débil porque es mucho lo que se puede hacer con las decenas de miles de millones que anualmente se conculcan a la educación pública.

Cuando se debatía la pertinencia de cumplir con la ley que fija un 4 % a la educación, políticos, empresarios, académicos y representantes de instituciones educativas, advirtieron sobre los problemas que confrontaría ejecutar esos incrementos, pero aun así el Gobierno de entonces cedió a la presión mediática y fáctica.

Los que ahora ejercen la conducción del Gobierno y que en el pasado formaron parte del movimiento de las sombrillas amarillas, carecen de justificación para restar aun sea un centavo en términos absolutos o una milésima de punto en término relativo a ese 4 por ciento.

El Gobierno y el Congreso están obligados a cumplir con la Ley General de Educación, que en su artículo 197 establece que el gasto público anual en el sector educativo debe alcanzar el 4 % del PIB interno estimado para el año corriente. La ley es la ley.