El sector informal de la economía dominicana tiene un peso enorme, realiza un gran aporte, pero tiene en su contra la desidia del gobierno y la corrupción que penaliza su emprendimiento

Estoy convencido de que el sector informal de la economía dominicana crece por la falta de institucionalización y de respaldo del Estado para que muchos negocios, iniciativas familiares y personales, puedan subsistir y poco a poco convertirse en empresas formales.

La tendencia debe ser hacia un decrecimiento paulatino de los negocios informales y un crecimiento en la misma o en mayor proporción de los negocios formales. Eso ocurre cuando existe un gobierno responsable, interesado en ofrecer asistencia al mantenimiento de empresas que tienen su peor momento precisamente cuando nacen, por la falta de financiamiento y porque establecer un negocio es una tarea complicada.

Los funcionarios del gobierno, sin embargo, no ven esto. Cada negocio informal que intenta establecerse y llegar a la formalidad, como objetivo primero, tiene que soportar cientos de desplantes, desprecios, intentos de sobornos, insultos y la indolencia de todos los organismos que se han creado precisamente para ayudarlos a afincarse como negocios creadores de riquezas.

La desgracia del país sigue siendo tan grande, la pobreza tan apremiante, que la gente insiste en el negocio informal, mientras el presidente y los funcionarios se pasean por la India o por Europa promoviendo la industria del cine o firmando contratos para Funglode, que resultan distantes de las necesidades inmediatas de la sociedad dominicana.

Está demostrado que uno de los sectores más dinámicos de la economía es precisamente el informal, el que mayor cantidad de empleos genera. Pero son empleos miserables, de poca trascendencia en términos del crecimiento y la productividad de la nación, la generación de divisas y la reducción de la pobreza.

Según la última Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, del Banco Central, a octubre del 2010, el términos absolutos 2,151,795 personas pertenecen al sector informal de la economía. Esto quiere decir que 57 personas de cada 100 ocupadas se encuentran en pequeñas empresas con menos de cinco empleados o que laboran por cuenta propia.

Es gente que está informalmente ganándose la vida como agricultor, ganadero, operador, conductor, artesano, comerciante o vendedor callejero.

Mientras esto es así, que el 57% de la mano de obra está en la informalidad, apenas el 42% restante se encuentra en empleos formales, en negocios establecidos, de más de cinco empleados. Ambos suman un total de 3.7 millones de pesos.

La micro, pequeña y mediana empresa podrían ayudar al país a generar empleos productivos y a reducir drásticamente el alto desempleo. Muchos jóvenes, iniciando su vida en familia, con proyectos personales y familiares, saliendo de las universidades o de algún entrenamiento técnico, están carentes de apoyo para lanzar sus empresas.

No encuentran empleos, no tienen orientación que no sea la de su familia, y el Estado se cruza de brazos para salir en su ayuda, que sería lo mismo que contribuir con el emprendimiento y el desarrollo nacional.

Las trabas burocráticas, la llamada pequeña corrupción, la desidia de los funcionarios y la falta de visión de los responsables de poner en ejecución políticas dirigidas a impulsar este sector, impiden que aprovechemos como país el potencial que tiene la micro, pequeña y mediana empresa.

En estos siete años muchos dirigentes políticos oficialistas se han llenado la boca hablando de confianza, de estabilidad, de conceptualización en la dirección del Estado y alguna fraseología más, de la que tanto se enorgullecen, y se olvidan que hay un aspecto esencial, cuando se dirige un Estado: se tiene la responsabilidad de impulsar políticas de bienestar, en especial para los más olvidados y marginados, porque el sistema democrático y de derecho lo que debe hacer es equilibrar la balanza entre los que reciben mucho y los que nada reciben.

Muchos empleadores formales, que pagan los impuestos con regularidad, porque en el cobro y la búsqueda de dinero los funcionarios han sido eficientes, sienten falta de confianza porque no saben lo que hace el gobierno con los impuestos que reciben. Este gobierno no rinde cuentas, sus funcionarios se dan la vida de príncipes, viajan por el mundo en primera clase y consumen el presupuesto público como si fueran propietarios de pozos petroleros.

El Estado, y en particular el gobierno, deben ser los primeros interesados en trabajar para que las pequeñas empresas se formalicen, sin tener que gastar mucho tiempo ni grandes sumas de dinero en pagos de peajes y de impuestos. La formalización de estas pequeñas empresas les da entrada al crédito financiero.

Todo el mundo, para lograr emprendimientos necesita crédito. La banca está dispuesta a ayudar, y lo ha estado siempre porque eso es negocio, pero se requiere de cierta formalidad y responsabilidad. El economista Mohamed Yunus, de Bangladesh, premio Nóbel de Economía, ha demostrado que los pobres son buenos cumplidores y pagan tanto o más que los que tienen dinero.

Pero la responsabilidad del Estado es fundamental para evitar que los emprendedores y gestores de micro, pequeña y mediana empresa, sean timados por el crédito informal, que resulta leonino, con tasas que triplican las formales.

Hay experiencias en varios países del continente que han crecido y se han enriquecido por la vía de la formalización de las empresas informales. Si el tamaño del empleo en el país está compuesto en un 57% por la informalidad, el Estado debía tener una política clara, dirigida a atender a ese sector. Chile, por ejemplo, lo hizo y hoy es un ejemplo en materia de formalización del empleo y la economía informales.

Incluso el estudio que pagó el gobierno a los técnicos de la Universidad de Harvard hace énfasis en este tipo de iniciativa, pero los funcionarios están muy empeñados en otras cosas y no piensan en el gran aporte que realizarían dándoles atención, poniendo en manos el crédito formal a los emprendedores diseminados por todo el territorio nacional, con empresas que pudieran ser mejores, más rentables, mejor establecidas, más higiénicas, entre muchas otras mejoras que vendrían con su formalización.

Pienso que hay que revisar varias leyes para mejorar las políticas hacia el sector informal, hay que reducir los impuestos a estos pequeños negocios, focalizar políticas de apoyo y de ayuda, que serían mil veces más productivas que el dinero que se destina al subsidio eléctrico o a muchas de las actividades que hace este gobierno, que reproducen pobreza, que incentivan la vagancia y que no ayudan a terminar el círculo vicioso de la miseria.