Dado que el 77% de la actividad económica en República Dominicana es comercial, se nos califica como un país de comerciantes, lo que confirman con su comportamiento la mayoría de nuestros dirigentes políticos.

Se ha hecho una práctica que en cada período de transición de gobierno, las jugosas pensiones lluevan hacia las residencias de funcionarios y allegados, a quienes corresponda entregar el poder. Todos quieren irse con el futuro asegurado, sin necesidad de trabajar.

Este tipo de abuso se puso de manifiesto al revelarse los 651 mil pesos que se impuso como pensión el actual contralor general de la República, hace dos meses cuando dirigía la superintendencia de bancos.

Sin embargo, en ese mamotreto Haivanjoe Ng Cortiñas no actuó solo, porque de los 240 millones de pesos anuales que se distribuyeron los 49 empleados de la Superintendencia de Bancos, este sólo recibiría 7 millones 812 mil pesos cada doce meses.

O sea que si la pensión de Cortiñas es irritante, en un país donde a los policías, médicos, profesores y otros profesionales de áreas tan importantes como la financiera, después de 30 años de labor a favor de la sociedad los jubilan con sueldos menores a los 15 mil pesos mensuales, también lo son las de los demás favorecidos con ese cuestionable privilegio.

En el mismo paquete de Cortiñas, hay otros pensionados con 400 mil pesos mensuales, 270 mil, mensajeros con 47 mil, secretarias con más de 100 mil. Al parecer el grupo pensó que el mundo acabaría el pasado 16 de agosto.

La sociedad alzó su voz para repudiar este hecho, y espero que el mensaje haya llegado sin ruidos a los oídos del presidente, quien dijo en su discurso de toma de posesión que gobernaría con los oídos puestos en el corazón del pueblo.

Presidente, el pueblo habló en relación a las pensiones privilegiadas, ahora, toda la sociedad espera su opinión o su acción.