Cecilio Díaz militó en el Partido Comunista Dominicano y participó en labores de seguridad; pero ese detalle no anula el compromiso de la Policía Nacional. La Jefatura de esa institución tiene que explicar por qué razón y con cuáles fines ofrece informaciones contradictorias en torno al secuestro del joven Eduardo Baldera.

Más importante aún, está obligada a decir por qué, en esta historia, burdamente manipulada, ha recurrido a prácticas como la ejecución extrajudicial, las desapariciones y hasta el secuestro.

Cecilio Díaz y William Checo fueron ejecutados. Juan Almonte está desaparecido. ¿En qué tratado se establece que el juicio contra alguien se realice después de darle muerte? Estos tres hombres fueron acusados, pero no por ello adquiere la condición de sospechosa la joven María Magdalena, hija de Cecilio Díaz, quien fue mantenida por varios días en una inmunda celda y asediada por agentes que la interrogaban y la amenazaban.

¿Quién reparará el daño físico y psicológico que ha causado a esta joven el secuestro policial? María Magdalena ha sufrido más que el real o supuesto secuestrado. ¿Hay justificación a esto acción aquí o en Colombia, adonde viajó el jefe de la Policía como si quisiera recordar que sigue siendo alumno de la escuela orientada por Álvaro Uribe y figuras similares?

Estas cuentas no puede ofrecerlas Virgilio Almánzar, y mucho menos Narciso Isa Conde. Tiene que hacerlo el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

Los jefes de Guzmán Fermín están comprometidos también, no sólo porque lo han respaldado, sino porque lo nombraron en premio a su trayectoria represiva y porque buscan legitimar sus acciones gestionando para ello el apoyo de los sectores conservadores.

El despedazado y desacreditado Partido Reformista Social Cristiano emitió una declaración de apoyo a la Policía. Es el aposento de Ramón Pérez Martínez, quien fuera jefe de la sanguinaria Banda Colorá, y del ex general Juan Bautista Rojas Tabar, acusado de la desaparición de Narciso González, Narcisazo. ¿A quién le extraña que favorezca el abuso en un gobierno que tiene colocado en la Cancillería a su presidente, Carlos Morales Troncoso?

La pretensión de enlodar al movimiento popular y de desacreditar a los grupos que cuestionan el sistema político vigente, se deja ver. Pero es un infeliz intento. Los acusadores terminan siendo acusados. La Policía y la dirección política que se sirve de ella no pueden lavarse las manos.

Desarticular la protesta y tratar como delitos la movilización y la huelga, son aspiraciones de los herederos de Joaquín Balaguer, pero esta novela los ha metido en un laberinto… Guzmán Fermín apuesta a todo, porque a él le están pidiendo la clave para encontrar la salida…