Ciudad de México. BBC Mundo.- En estos mismos instantes, al menos 200 «narcotaxis» están circulando libremente por Chilpancingo de los Bravo, la capital del convulso estado mexicano de Guerrero. Son vehículos de servicio público que el narcotráfico usa para vigilar los movimientos de las autoridades o de grupos rivales y para el transporte o venta al menudeo de drogas.

Guerrero no es el único lugar del país donde esto ocurre. Se tiene conocimiento de taxis que trabajan para la delincuencia organizada en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas («taxizetas», se les llama allí); Monterrey, Nuevo León; y Cancún, en Quintana Roo.

El caso de Chilpancingo es sólo el más reciente. Empezó a adquirir dimensiones nacionales en el último mes, cuando medios capitalinos hicieron eco de las denuncias hechas en el estado.

Alerta por Chilpancingo

Este miércoles, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que agrupan a docenas de organizaciones de ese estado, publicaron una carta abierta para el presidente Enrique Peña Nieto.

Allí aseguran que la capital del estado se encuentra al «borde de un estallido social».

Se indica que «Chilpancingo, como gran parte del estado de Guerrero, se ha convertido en un territorio en donde el control y poder absoluto lo tienen los grupos criminales quienes han impuesto al conjunto de la población un feroz sistema de expolio, con la complacencia de algunas autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno».

Revelan que tanto el sector formal como el informal son obligados a pagar «derechos de piso» (extorsión), bajo amenaza de tortura secuestro y asesinato.

Y agregan: Señor Presidente de la República: si sus colaboradores no le están informando, hoy la sociedad civil lo está haciendo».

«En Chilpancingo se supo esta situación en marzo, cuando un líder de los taxistas dio a conocer que el gobierno del estado había otorgado 150 permisos para que pudieran circular a personas que no tenían ni siquiera suficientes años como transportistas», explicó a BBC Mundo un periodista guerrerense que pidió guardar su identidad.

Ese mismo mes, el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, reconoció la situación, pero -según la revista Proceso- «se declaró incompetente para intervenir argumentando que no es ‘Superman ni el Llanero Solitario'».

Por su parte, el director de Transportes y Vialidad de Guerrero, Juan María Larequi Radilla, rechazó haber otorgado permisos para los llamados «narcotaxis» y responsabilizó «al gobierno federal, así como al Ejército, de no intervenir en este tema a pesar de las denuncias».

«Las autoridades se deslindaron totalmente, nunca han dado una postura concreta.

El director de transportes dice que es un problema de seguridad pública, que no le compete a él determinar si es o no de la delincuencia organizada cierto taxi, sino al gobierno federal o estatal», dice uno de los periodistas consultados por BBC Mundo.

«Y el estado (de Guerrero) dice ‘no nos compete, es tema de la delincuencia organizada, por lo tanto le compete a la federación’. Se echan la bolita, pues. Ninguno se quiere hacer responsable de este asunto».

El encargado de Transportes de Guerrero no respondió a las solicitudes de BBC Mundo -hechas por teléfono y correo electrónico- para una entrevista.

Otros casos

Desde hace varios años se habla en México del tema de «narcotaxis». En 2010 el gobierno del estado de Nuevo León detectó que un servicio de taxis era utilizado por redes ciminales para «halconeo» (vigilancia).

En febrero de este año, en Monterrey -capital de Nuevo León- 12 taxistas fueron detenidos, acusados de trabajar en labores de vigilancia para los zetas.

No es el único lugar

La utilización de taxis por parte del narcotráfico no es algo exclusivo de México.

En Medellín, Colombia, durante la década de los ’80, también eran usados para labores de vigilancia y traslado de personas y drogas.

De hecho, en círculos periodísticos y de seguridad se mencionaba con insistencia que, durante los meses previos a su muerte -en diciembre de 1993- y cuando escapaba de la justicia, Pablo Escobar a veces se desplazaba por la ciudad conduciendo un taxi o una ambulancia.

En abril de 2012, según el Diario Respuesta de Quintana Roo, un líder transportista reconoció que «del universo de cerca de 20 mil integrantes» de la organización que congrega a los sindicatos de taxistas de todo el estado, «un 3% es decir al menos 600 taxistas están involucrados en actividades ilícitas y utilizan los taxis para el narcomenudeo y para actividades de halconeo o información».

Este año, la detención de un jefe sicarios de El Cartel del Golfo en Cancún -también en Quintana Roo-, reveló vínculos con una red de «narcotaxistas» en esa ciudad que se dedicaba a la venta de drogas.

Los taxistas también han pagado el precio en sangre: decenas han sido asesinados en los últimos tiempos. En abril de este año, ocho fueron ultimados -en dos ataques realizados la misma noche- en un suburbio de Monterrey.

Según el sitio Ágora, donde publican especialistas en temas de seguridad y defensa, sólo en la ciudad de Acapulco (también estado de Guerrero) fueron asesinados 53 taxistas en 2012.

UN APUNTE

Cien muertos en dos ciudades

Según el sitio Ágora, donde publican especialistas en temas de seguridad y defensa, sólo en la ciudad de Acapulco (también estado de Guerrero) fueron asesinados 53 taxistas en 2012.

Y al menos 20 en Monterrey.

Los Zetas y los carteles del Golfo y Sinaloa son los principales sospechosos en la mayoría de estos asesinatos, indica un artículo en Ágora.

De vuelta a Chilpancingo, un ciudadano -quien también pidió anonimato- le dice a BBC Mundo: «Tú sales aquí a tomar un taxi en la noche y te aseguro que el primero que paras es irregular.