Andres Fortunato V.

La República Dominicana y el mundo tienen una revolución pendiente: La Revolución Ética y Moral como Fuerza Motivadora e Inspiradora, para el conocimiento y aplicación de la ley en todos los ámbitos del quehacer político, económico, social y medio ambiental, entre otros.

Debemos hacer conciencia de que esta revolución pendiente es impostergable.

Hay que construirla en el día a día, en cada lugar y circunstancia, para, con su aplicación, ir deteniendo lenta, sistemática y progresivamente, la cultura de la violencia, de la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, la indiferencia, la simulación de lo que no se es y la disimulación de lo que se es, así como el hedonismo que nos ha traído el mundo de la espectacularidad en que vivimos, donde las cosas más importantes se han convertido en un show cualquiera.

Estas taras han crecido bajo el manto histórico de la irresponsabilidad e impunidad en el cumplimiento de la ley, con que se han arropados la mayoría de los funcionarios públicos y privados, así como la mayoría de los dirigentes políticos y de gran parte de la sociedad civil, no sólo en nuestro país, sino casi en el mundo entero, y en toda las etapas del proceso de desarrollo de la historia de la humanidad.

De ahí, que para impulsar e implantar esta revolución pendiente, se hace necesario que todas las instituciones fáticas y mediáticas, así como todos los demás sectores comprendan esta realidad. Pero, para que ellos se involucren en este compromiso ineludible, para la preservación de la vida, el medio ambiente, la paz y el desarrollo equitativo e igualitario de todo el tejido social, debe intervenir el Estado como fuerza estimuladora, impulsadora e implementadora de esos cambios, en el caso de nuestro país: nuestro Estado.

El Estado dominicano, entiéndase el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y también los ayuntamientos, por ser estos “la entidad política administrativa básica del Estado”, deben involucrarse más, definitiva y sin más dilación, en el proceso de planificación y desarrollo de esta revolución pendiente.

Esta revolución pendiente, muy bien podría comenzar, por la aplicación de un plan cívico nacional que eleve los niveles éticos y morales de la sociedad, para que en todos los sectores surjan personas que entiendan que la cosa pública debe ser dirigida por ciudadanos y ciudadanas que estén en disposición de cumplir sus tareas como miembros de las entidades públicas en base a principios y valores indeclinables en favor de la colectividad y no de intereses particulares, individuales, como está ocurriendo en la actualidad.

Este plan de crecimiento cívico nacional tendría su mayor efectividad, si se comenzara con el aprendizaje de la Constitución y leyes, como sería, entre otras, la 176-07 que rige a todos los ayuntamientos. A nuestro entender, comenzar a desarrollar este propósito es impostergable, para que las funciones públicas dejen de ser vistas como una patente de corso, donde todo el mundo o casi todo el mundo vea al Estado como un filón de oro que debe llevarse en sus bolsillos.

Hay que acabar con esto primero o se nos escaparan las posibilidades de lograr una sociedad más justa equitativa e igualitaria como son los propósitos fundamentales de un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como establece nuestra Constitución.

De ahí que, para poner en práctica esta idea, sugerimos al Presidente de la Junta Central Electoral, que ese organismo dicte una resolución que haga obligatorio el conocimiento, por lo menos, de los aspectos fundamentales de la Constitución, para admitir las candidaturas de Senadores, diputados, síndicos y regidores en las próximas elecciones.

Que no se permita, bajo ninguna circunstancia, que nadie sea electo a uno de esos cargos, hasta que se compruebe su conocimiento acerca de la Constitución, porque las normas y reglas deben ser conocidas por los que están encargados de elaborarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir.

De igual manera somos de opinión, de que los presidentes, de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados (Quien ya comenzó con los niños de las escuelas), el Poder Judicial, en todas sus instancias, deben involucrarse, si más demora, en un plan nacional, para que se conozca la Constitución y la ley propuesta, entre otras.

Todos debemos involucrarnos en esta necesaria tarea, pero ya, o desaparecerá la posibilidad de transformar nuestra triste realidad.