El viacrucis del Código Penal por laberintos congresuales parece no tener fin, aunque esta vez la comisión bicameral que lo revisa informó que concluyó su trabajo, sin garantías de que en el retorno a los plenos del Senado y Cámara de Diputados, no se traqueteen otros artículos de ese texto.

En más de 20 años de discusión las modificaciones más relevantes que han insertado a ese proyecto se refieren a la prevalencia de penas consecutivas relacionadas con tipos penales cometidos por un mismo justiciable, lo que incrementa el apremio corporal hasta 60 años de prisión.

Los legisladores habrían hecho algunos aportes relacionados con delitos y crímenes de alta tecnología o definido con mayor puntualidad elementos constitutivos de variadas infracciones penales, pero en términos técnicos y de filosofía jurídica, ese Código sólo experimentará un maquillaje.

El Congreso dio de lado a propuestas de gran trascendencia como la de permitir el aborto en tres causales o condiciones del embarazo, lo que habría prometido el hoy partido oficialista y organizaciones aliadas con representación parlamentaria.

Sería muy difícil sustentar el criterio de que lo que aprobarían las cámaras legislativas sería un Código Penal de última generación, ni siquiera podría calificarse de un texto liberal o conservador. Simplemente, sería más de lo mismo.
Las últimas discusiones en torno a modificación de artículos de ese Código son indicativo de que en los foros legislativos no se tiene idea de hacia dónde marcha ese tipo de legislación en sociedades sostenidas en auténtico Estado social de derechos.

La sociedad ha impedido que se consigne en ese texto el derecho de un hombre de violar sexualmente a su pareja basado en que el matrimonio o la unión consensual lo liberan de responsabilidad penal, aunque ejerzan violencia o se aprovechen de vulnerabilidad física o mental para doblegar la voluntad de la mujer.

El último desatino legislativo fue el querer excluir de la violencia familiar la violencia física ejercida por los padres contra sus hijos, como si el castigo corporal no estuviese prohibido en la Constituc