El Nacional
El jefe de la Marina de Guerra reiteró ayer que en la institución no hay cabida para las lacras, al advertir que a los miembros de la entidad castrense involucrados en hechos delictivos les espera la cárcel pública de Najayo.
El vicealmirante Homero Lajara Solá se hizo eco de la advertencia formulada el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional por el presidente Leonel Fernández, en torno a una profilaxis para liberar de lacras los cuerpos armados.
Lajara Solá insistió en que lo que les espera es Najayo, al referirse a la cárcel pública ubicada en San Cristóbal, y anunció que a partir de hoy se dirigirá a la región Este.
Dijo que en esa zona recorrerá todos los puntos donde hay cuarteles de esa institución para llevar el mensaje a sus miembros de que deben portarse bien y actuar de acuerdo a lo que manda la ley orgánica de las FFAA.
Entrevistado en el Palacio Nacional luego de una visita relacionada con las funciones que desempeña al secretario administrativo de la Presidencia, Luis Manuel Bonetti, aseguró que trabaja arduamente para que esa institución cumpla con su papel y evitar que sus miembros caigan en acciones dolosas.
Tras su juramentación como jefe de la Marina de Guerra, Lajara Solá advirtió que a partir de ese momento acababa la corrupción, el contubernio con delincuentes, el chantaje y el relajo.
Enfatizó en que no tiene vacas sagradas ni culpables favoritos, y enfatizó en que no le temblaría el pulso a la hora de expulsar a cualquier miembro de la institución sorprendido en faltas graves.
Lajara Solá sustituyó en esas funciones al vicealmirante Julio César Ventura Bayonet, en cuya gestión se detectaron varios oficiales y alistados involucrados en asuntos de narcotráfico y en otros hechos delictivos.
El caso más sonado fue el acaecido en el paraje Ojo de Agua, de Paya, provincia Peravia, donde siete extranjeros fueron ejecutados por asuntos de narcotráfico.
En este caso fue involucrado el teniente de navío Edward Mayobanex Rodríguez Montero, a quien se señaló como brazo ejecutor de la matanza que consternó no solo a esa localidad banileja, sino a todo el país.
Rodríguez Montero, una vez descubierto por los organismos investigativos policiales, se escondió y posteriormente trató de escapar por el aeropuerto internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata, donde fue apresado junto a las personas que le habían facilitado la huida.
El caso de Paya sirvió para destapar otros casos de militares involucrados con el narcotráfico, tales el de un ex teniente coronel de la FAD apresado mientras recibía un cargamento de drogas en San Pedro de Macorís.
También fueron cancelados cinco oficiales de alto rango de la Marina de Guerra, involucrados en la matanza, por recomendación del entonces jefe de la Marina de Guerra, vicealmirante Julio César Ventura Bayonet al Poder Ejecutivo.

