La Haya, (EFE).- Las sanciones económicas de EEUU contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) han tensado la relación entre Washington y La Haya, donde consideran esas medidas como “un ataque a todo el sistema del derecho internacional”, dijo en una entrevista con Efe la portavoz de la institución Sonia Robla.

El desencadenante de las sanciones tiene como origen el papel de las tropas estadounidenses en la guerra de Afganistán. El pasado marzo, los jueces autorizaron la investigación solicitada por la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el ejército norteamericano, grupos talibanes y autoridades afganas.

“El anuncio de las sanciones se ha producido con la clara intención de interferir o de afectar el trabajo independiente que la corte hace cuando realiza investigaciones”, lamentó Robla. Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la CPI y ha pasado de criticarla de forma general a ejercer medidas específicas.

La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump este jueves autoriza el bloqueo de bienes de funcionarios de La Haya que estén bajo control estadounidense y abre la puerta a prohibirles el acceso al país, tanto a ellos como a sus familiares. Robla insiste en que las sanciones son “medidas coercitivas” y un “ataque inaceptable al trabajo de una organización que es internacional, judicial e independiente».

El anuncio de Washington golpea también “a las víctimas de los crímenes de graves atrocidades que la corte investiga y para quienes esta institución es la única esperanza». Las reacciones de respaldo al tribunal no se hicieron esperar. Una buena parte de los países de la Unión Europea, con Francia y Alemania a la cabeza, emitieron comunicados a su favor y expresaron preocupación por el movimiento de la Casa Blanca.