MOSCü, 14 Nov 2012 (AFP) – Una ley que amplía de forma ambigua la noción de alta traición, de espionaje y secreto de Estado entró en vigor el miércoles en Rusia, generando inquietud entre los defensores de derechos humanos, que denuncian un nuevo ataque contra la oposición.

El texto, aprobado en octubre por las dos cámaras del parlamento ruso, fue firmado el martes por el presidente Vladimir Putin y luego publicado en el diario oficial Rossiiskaia Gazeta.

Según esta ley, a partir de ahora la alta traición no consiste solamente en transmitir informaciones secretas a gobiernos extranjeros, sino también «suministrar ayuda financiera, técnica, consultiva o de otro tipo a un Estado extranjero, una organización extranjera o internacional y a sus representantes, cuya actividad esté dirigida contra la seguridad de Rusia».

La legislación en vigor hasta ahora sobre este asunto no mencionaba a las organizaciones internacionales y solamente se aplicaba a las actividades que afectaran a la «seguridad exterior».

Según Rossiiskaia Gazeta, «incluso el hecho de trabajar oficialmente con un contrato para una organización civil extranjera puede ser considerado como un crimen, si la investigación demuestra que estas estructuras han actuado contra nuestro Estado».

La ley que entró en vigor incluye también un nuevo crimen, el de recibir secretos de Estado por medios ilegales, castigado con cuatro años de prisión.

Le texto fue criticado por los defensores de derechos humanos, y también por abogados.

En efecto, temen que el hecho de compartir informaciones con ONG internacionales como Amnesty International o incluso recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos sea susceptible de constituir un crimen de alta traición.

El representante de Amnesty International en Rusia, Serguei Nikitin, expresó su preocupación el miércoles, en la radio Kommersant FM, por la «ambigüedad» que rodea la definición de «alta traición».

«La ambigüedad de esta definición suscita temores sobre el hecho de que la ley sea apliucada de forma selectiva», aseguró.

«Según esta ley, cualquiera puede convertirse en un espía, si el país lo decide así», afirma Svetlana Ganushkina, cofundadora de la ONG rusa Memorial, interrogada por la AFP.

La representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, Catherine Ashton, había estimado a fines de octubre que el texto podría ser utilizado con fines de «intimidación».

Esta ley se suma a otras anteriores, como la que califica de «agentes extranjeros» a las ONG que se benefician de financiación extranjera, o la que pone en una lista negra a algunos sitios de internet. Todas ellas fueron adoptadas desde el retorno en mayo de Putin al Kremlin, en medio de un inédito movimiento de protestas.

Putin expresó sin embargo a principios de semana su disposición a revisar una serie de textos, entre ellos el referente a la alta traición, para evitar que sea interpretada de forma «demasiado amplia», según admitió.

Sin embargo, «el hecho de que haya firmado la ley significa que el presidente se burla de la sociedad civil» ya que «mostró una absoluta indiferencia no solamente ante los defensores de derechos humanos sino también frente a respetados juristas», opina Ganushkina.