Surgen contradicciones sobre existencia, destino o concepto de los 39 millones de dólares que se dice Odebrecht habría pagado en sobornos en República Dominicana para obtener el contrato de construcción de las termoeléctricas Punta Catalina.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presentó nuevos papeles según los cuales el consorcio brasileño distribuyó en el país la referida suma en adición a los US$92 millones que confesó habría pagado como coima a funcionarios, legisladores, empresarios y abogados.

Al respecto Odebrech ha señalado que la documentación a que se hace referencia forma parte del legajo de expedientes entregados a la Procuraduría Federal de Brasil y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, disponibles siempre para los países donde la empresa admitió sobornos.

El procurador general, Jean Alain Rodríguez, afirmó que ninguno de los documentos recibidos por las autoridades de Brasil hasta la fecha contemplan pagos irregulares para la termoeléctrica de Punta Catalina, aunque promete investigar sobre la autenticidad de esos papeles.

Ángel Rondón, imputado en el caso Odebrecht, declaró que esos US$39 millones que refiere el consorcio de periodistas investigadores, están incluidos en los pagos que recibió por servicios prestados a esa empresa, cuya documentación afirma que depositó ante el Ministerio Público.

Ante versiones contradictorias entre Odebrecht, Procurador General e imputado Rondón en torno a esa documentación, lo saludable sería que las autoridades inicien una investigación a los fines de determinar si tales papeles tienen la condición de fiambre periodístico o si tienen méritos para convertirse en pruebas imputables.

El elemento novedoso en la nueva revelación sobre el escándalo Odebrecht se centra en la inclusión de Punta Catalina entre los objetos del deseo, pero que según el procurador Rodríguez las autoridades dominicanas nunca recibieron de sus pares de Brasil y Estados Unidos papeles referidos a esas termoeléctricas.

El Código Procesal Penal y la ley sobre Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas indican claramente la forma y manera de abordar cualquier ilícito penal que aflore en torno a un expediente que ya está en la fase de juicio de fondo, por lo que corresponde al Ministerio Público revisar muy minuciosamente esos papeles.