La intervención de la Procuraduría General de la República en el escándalo de Los Tres Brazos no se veía en el radar. Desde noviembre de 2016 cuando estalló el alboroto por la venta irregular de los solares, como determinó en febrero de 2017 una comisión designada por el Gobierno, a la fecha, había transcurrido tanto tiempo, que solo los residentes en el sector removían de vez en cuando la alfombra para sacudir el polvo.
En el marco de una atmósfera más cargada por los contratos del Gobierno con los publicistas Joao Santana y Mónica Moura, la intempestiva acción de un Ministerio Público que no se ha caracterizado por su eficacia en la lucha contra la corrupción ha dado lugar a lógicas conjeturas.
Por la venta en unos 80 millones de pesos de las tres parcelas con una superficie de alrededor de 1.2 millones de metros cuadrados las autoridades imputaron a 11 personas. La función de los señalados y el momento en que se han anunciado los sometimientos, sugiere, todavía sea mera coincidencia, que tanto como dar un ejemplo que motivara confianza en la batalla contra la impunidad, también se ha utilizado el proceso para bajar las crecientes presiones sobre los escándalos de Odebrecht. Con ese morbo que brota por los poros se ha comentado que entre los acusados no figura ningún nombre sonoro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Salvo la actual registradora de Títulos, Rosabel Castillo Rolffot, de quien la Procuraduría dice que un jugó un papel fundamental en el supuesto fraude contra el Estado, el imputado más prominente es el exdirector de la antigua Corde, Leoncio Almánzar.
A diferencia de los sobornos de 92 millones de dólares de Odebrecht para la adjudicación de obras, en el escándalo de Los Tres Brazos parece que hay más sospechosos de la cuenta.
Las comparaciones con el caso Odebrecht, todavía al margen de la coyuntura, traduce las sospechas que inspiran hasta las aparentes buenas acciones del Ministerio Público. Amén de que no deja de ser curioso que en el expediente de la compañía brasileña apenas hay siete acusados, entre los cuales el único que en la actualidad desempeña una función pública es el senador Tommy Galán, quien a partir de 2012 habría dirigido todo el tinglado sobre los sobornos para la contratación y los préstamos para obras.
Un detalle que no deja de llamar la atención es que la constructora admitió que hizo los pagos ilícitos entre 2001 y 2014.
La Procuraduría tiene el reto de evitar que el expediente se caiga, no precisamente porque algún juez no quiera asumir sus responsabilidades, sino por la falta de pruebas al menos contra algunos de los imputados. Y si no quiere que se vea como un golpe de efecto tendrá que despejar otras incógnitas
