Por más en beneficio que sean del bien colectivo, ejecuciones de la Policía disfrazadas de intercambios de disparos no se corresponden con un Estado de derecho.

Decepciona que nada menos que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, se coloque de espalda a la ley al justificar unas acciones que cuestionan el sistema institucional.

Vásquez, un exsenador que ha tenido que defender sus derechos, sabe que una cosa es enfrentar una patrulla para evitar una detención y otra una ejecución. Pero más -y no son precisamente casos particulares- cuando se aduce que las ejecuciones son para silenciar a las víctimas.

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Los familiares de dos abatidos por el asalto a una sucursal del Banco Popular dicen que pudiendo ser capturados vivos y sometidos a la acción de la justicia la Policía los ejecutó y alegó un intercambio de disparos.

También está el caso de los tres militares que la Policía dijo habían muerto en un intercambio de disparos en una cabaña del 12 de Haina, pero que en un vídeo que circuló en las redes se les ve esposados dentro de una guagua del cuerpo. Son casos que el ministro de Interior ha debido favorecer que se investiguen, en lugar de justificarlos.