La sociedad civil de Haití ha comenzado a mandar señales más comprometedoras sobre el complejo asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el miércoles 7 de este mes en la madrugada en su residencia.
Las versiones oficiales que atribuyen la ejecución del magnicidio a un supuesto comando colombiano, sin explicarse las razones, no han convencido a una escéptica opinión pública.
Son muchos los cabos sueltos. La sociedad civil sostiene que de lo que se trató fue de un golpe de Estado, respaldado por organismos internacionales.
Sostiene que lo acontecido fue para encubrir la represión y los delitos políticos y que se ha declarado el estado de sitio como base del poder del mismo equipo “que ha llevado al país a la catástrofe que hoy está sufriendo”.
Según varias entidades, el propósito del supuesto golpe sería renovar y fortalecer el sistema tradicional “que ha engendrado injusticia y exclusión” en la nación.
Tras el magnicidio, Haití se ha convertido en escenario de una disputa de poder protagonizada por el exprimer ministro Claude Joseph; Ariel Henry, designado por Moïse horas antes de ser acribillado, y el senador Joseph Lambert, nombrado por un cuerpo inorgánico.
