MÉXICO, 29 Set 2012 (AFP) – Tras una maratónica sesión de más de 14 horas que la izquierda intentó detener, la Cámara de Diputados de México aprobó la madrugada del sábado una polémica reforma a la ley laboral que legalizará el régimen de subcontratación, entre otros, y aún debe ser votada por el Senado.

Con 351 votos a favor, 130 en contra y 10 abstenciones, la reforma fue aprobada de forma general en la tarde del viernes, producto, según legisladores de izquierda, por un acuerdo entre el oficial Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en julio pasado ganó la elección presidencial.

En general la reforma de la ley, que no había sido modificada desde 1970 y fue presentada por el presidente saliente Felipe Calderón con carácter preferente para que fuera discutida y aprobada por los diputados y senadores antes de finales de octubre, flexibiliza la contratación y el despido de los trabajadores.

«Nosotros no vamos a avalar esta reforma laboral (…) lo que están haciendo no tiene madre», dijo Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento Ciudadano (que agrupa a partidos de izquierda), antes de que se iniciara la votación en lo general de la reforma.

Entre empujones, legisladores de izquierda tomaron el viernes la tribuna de la Cámara de Diputados al grito de «¡no a la reforma, no a la reforma!» y «¡si hay imposición, habrá revolución!».

Tras unas cinco horas de suspensión de la sesión, el presidente de turno del organismo y el resto de representantes de los partidos de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados pudo reanudar la sesión para la votación de la legislación, esta vez desde lo alto de unos de los balcones del recinto.

Alberto Anaya, del Partido del Trabajo (izquierda), expresó su «enérgica protesta contra los poderes fácticos que están imponiendo está reforma».

«Si ese grupo minoritario y violento de las llamadas izquierdas ha podido secuestrar a su partido con malas prácticas no logrará secuestrar a la Cámara de Diputados», expresó por su parte Manlio Fabio Beltrones, del PRI.

El resto del viernes y durante las primeras horas del sábado, los legisladores votaron en lo particular los artículos más controvertidos como el referente a la subcontratación, a contratos temporales para trabajadores a prueba, que serán de 30 días, y de capacitación por 3 meses, sin mediar indemnización en caso de que no se continúe la relación laboral.

En otro de sus artículos, la reforma limita a 12 meses el pago de salarios que el empleado dejó de percibir durante un posible conflicto entre trabajador y patrón, que antes contemplaba todo el período de la disputa.

La subcontratación de empleados a través de una empresa, que flexibiliza las obligaciones patronales, también quedará legalizada en caso de que los senadores no modifiquen la ley aprobada por la Cámara.

Durante la maratónica sesión de más de 14 horas, los legisladores descartaron, además, la posibilidad de auditar las cuotas sindicales (que ahora son secretas) y la elección por voto libre, directo y secreto de sus dirigentes.

«Somos amigos de los trabajadores, somos respetuosos de los sindicatos», dijo el vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Gutiérrez.

Entre los sindicatos más grandes y poderosos de México -señalados por diversos sectores como corruptos- se encuentra el de maestros (SNTE), dirigido desde 1989 por Elba Esther Gordillo y que ha formado parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y el de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa que aporta el 40% de los ingresos fiscales al país.

«Pareciera ser un acto consumado, han decidido aprobarla, con matices que les permita lavar la cara ante la clase trabajadora y a los burócratas de este país que votaron por ellos», había dicho días antes al respecto Monreal.

También se aprobó el pago por horas, que no deberá ser inferior al salario mínimo diario y que por lo general será acordado entre el patrón y el trabajador.

Los legisladores del PAN y PRI argumentan que estas flexibilizaciones promoverán la creación de trabajos. Durante la semana, mientras los legisladores hacían modificaciones a la iniciativa de Calderón, como la limitación del derecho de huelga o la intervención del Estado en los asuntos internos de los sindicatos, diversas manifestaciones se registraron tanto afuera de la Cámara de Diputados como en el centro de la capital, protagonizadas en su mayoría por sindicalistas y estudiantes.

La reforma deberá ser analizada aún en el Senado, que podría rechazarla -aunque no es lo habitual- o modificarla. El plazo máximo para que sea aprobada es el último día de octubre.