El secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía, dijo este martes estar de acuerdo con la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de dejar al país fuera de la Corte Internacional de los Derechos Humanos .

Aquí texto integro

Tribunal Constitucional: una sentencia que salva la dignidad nacional

“La sentencia del Tribunal Constitucional tiene la importancia histórica de que allana el camino para que el Gobierno haga suyo el clamor popular y retire al Estado dominicano de la CIDH, con el aval del más alto Tribunal constitucional del país, cuyos fallos son inapelables y de obligatorio e inmediato cumplimiento.” Miguel Mejía, secretario general del MIU.

La sentencia 0256/14 del Tribunal Constitucional, dada a conocer ayer 4 de noviembre, declara inconstitucional la firma del Documento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suscrito por el Presidente de la República, el 19 de febrero de 1999, objeto de una acción directa de inconstitucionalidad incoada por un grupo de ciudadanos, de fecha 25 de noviembre del 2005.

Al ser firmado el Documento de Aceptación, hace ya más de 15 años, se reconocía “como obligatorio de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la CIDH sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969”.

Mediante la sentencia 0256/14, el Tribunal Constitucional, por el voto mayoritario de sus miembros, rechaza tal competencia en la CIDH, al considerar que el Documento de Aceptación violaba preceptos constitucionales esenciales, como los refrendados en los artículos 37(14) y 55 (6) que establecen la obligatoriedad de que todo convenio internacional suscrito por el Poder Ejecutivo ha de ser obligatoriamente sometido a la aprobación del Congreso Nacional, y muy especialmente, el artículo 3 de la Constitución del 2002, cuyas disposiciones están contenidas en los artículos 2 y 26 (numeral 2) de la Constitución vigente, que establece que “ la soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de República Dominicana”

La reciente decisión de la CIHD contra la sentencia 168/13 de este mismo Tribunal Constitucional y el Plan de Regularización de los extranjeros indocumentados en territorio nacional, puesto en práctica por el gobierno del presidente Danilo Medina, condenó al país al pago de una multa injusta. Por si fuera poco, en ella se indicaba, de manera injerencista y burda, que debían introducirse cambios en las leyes nacionales, incluyendo la Constitución, lo cual levantó una oleada de protestas en el país y el reclamo, casi unánime, de que República Dominicana debe retirase de dicha Corte, como única salida posible y honorable ante tamaña agresión a nuestra soberanía.

La importancia histórica de la sentencia 0256/14, de nuestro Tribunal Constitucional, es que allana el camino para que el Gobierno haga suyo el clamor popular y se retire de la CIDH, como antes lo han hecho países como Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela. Con el aval del más alto tribunal constitucional del país, cuyos fallos son inapelables y de obligatorio e inmediato cumplimiento, se salva cualquier escollo legal, ambigüedad o tibieza para que la nación dominicana, injustamente agraviada, deje de pertenecer a una instancia interamericana que ha demostrado ser presa del oportunismo, de la violación de la soberanía de los Estados miembros, y de la más escandalosa doble moral.

A la fuerza de la ética y el patriotismo de nuestro pueblo, el Tribunal Constitucional agrega ahora la fuerza irreductible del Derecho y dota al Gobierno de los instrumentos y razones necesarias para avalar su salida de la CIDH. Con tal decisión se prestigia nuestra alta corte, como con su retirada de la CIDH se prestigia el gobierno del presidente Medina.

Apoyamos, de manera irrestricta, la decisión del TC y la retirada de nuestro país de la CIDH.