BRUSELAS, (AFP) – Los ministros de Trabajo de los 28 países miembros de la Unión Europea (UE) estaban reunidos este lunes en Bruselas para hallar un acuerdo para impedir el fraude vinculado a los trabajadores desplazados.

En concreto, los ministros quieren enmendar la directiva (ley europea) de 1996 que establece que una empresa puede enviar trabajadores a otro país de la UE durante como máximo dos años respetando ciertas condiciones del país al que los envía -como sueldos y condiciones de trabajo- pero pagando las cargas sociales en el país de origen.

El problema reside en los abusos de esta directiva, que en algunos países se utiliza para obtener mano de obra más barata que la local y genera lo que algunos llaman el «dumping social».

A pocos meses de las elecciones europeas de mayo de 2014, el tema es explosivo y en caso de no llegar a un acuerdo el texto tiene muy pocas posibilidades de ser modificado en la legislatura actual.

Los ministros no quieren poner en duda la libre circulación de los trabajadores, uno de los pilares de la construcción europea, pero están divididos sobre los medios para luchar contra estos fraudes.

Un grupo de países, encabezado por Francia, es favorable a aumentar los controles, y otro grupo, principalmente de países de Europa del este, teme que se delimite un marco muy restrictivo que ponga en duda el principio mismo de trabajador desplazado.

Los debates estaban focalizados este lunes por la mañana en dos aspectos técnicos.

Primero en la idea, que defienden París, Berlín o Madrid, de una «lista abierta» de documentos que puedan ser reclamados a una empresa que envía trabajadores a otros países, a lo que se opone Londres que quiere una lista de documentos definitiva.

El segundo punto concierne la responsabilidad de las empresas que dan la orden, que podrían ser consideradas implicadas en los fraudes de trabajadores desplazados. Una decena de países quiere que esta responsabilidad sea «obligatoria». Otros quieren que por el contrario sea opcional.

La cantidad de trabajadores desplazados en la UE sería de 1,5 millones de personas.