La Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) ha pedido a los países de la región y de otras zonas que suspendan el retorno forzado de la población haitiana a su país, para lo cual invoca lo que define como “devastadora crisis humanitaria y de seguridad en Haití”.

Ese pedido está sustentado en la magnitud del drama que padece el pueblo haitiano, en el cual la agencia de la ONU cita la situación de violencia, incluida la sexual, secuestro, saqueos y bloqueo de carreteras perpetrados por bandas armadas.

Ese mismo cuadro tan dramático es indicativo de que el pedido de la ACNUR para que las naciones no retornen a inmigrantes indocumentados haitianos, no resuelve una crisis que debe ser afrontada cuanto antes por la comunidad internacional.

Más bien lo que entraña esa solicitud es una penalidad aplicada a países, como Republica Dominicana, que no podrían sostener un desborde migratorio a causa de una crisis que no ha sido confrontada por la ONU, que debería estar consciente de que Estados Unidos, Francia ni Canadá acogerán el pedido de no deportar haitianos, como tampoco lo harán Brasil, Chile y Ecuador, entre otras naciones.