El rechazo de las delaciones premiadas en el juicio por los sobornos de Odebrecht fortalece la percepción de que la impunidad terminará por imponerse en torno a los 92 millones de dólares pagados por la constructora para la asignación de obras públicas.
A pesar de sus presiones la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca) no consiguió que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional admitiera las supuestas pruebas enviadas de Brasil con relación a los pagos ilícitos.
Las magistradas a cargo del proceso argumentaron que el Ministerio Público no cumplió con las formalidades establecidas por la Constitución y las leyes para la incorporación de las declaraciones. Si lo que comienza mal, termina mal, el juicio sobre los sobornos de Odebrecht está destinado a caerse.
A medida que se avanza en el proceso se confirma que la Procuraduría General de la República optó por seleccionar culpables, con un claro matiz político, en lugar de reunir pruebas para sustentar las imputaciones. Si el Ministerio Público no tiene cómo probar que los encartados recibieron los sobornos el tribunal tendrá que descargarlos.
