La Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció anoche al presidente Danilo Medina por la decisión de su gobierno de crear la Ley de Naturalización que busca una solución digna a los extranjeros en estatus migratorio irregular.

“Sobre la situación de República Dominicana, creemos indispensable que esta ley abra el camino para que todos los afectados encuentren un lugar digno en la sociedad dominicana”, expresó José Miguel Insulza, secretario general, en su discurso de apertura ante la asamblea general de la OEA, que se inició anoche en Asunción, Paraguay, ante jefes de Estado y cancilleres.

El discurso fue distribuido por email por la oficina de prensa a los cientos de usuarios de OASPRSS@oas.org.

Insulza otorgó anoche un reconocimiento al presidente Medina por los esfuerzos realizados para buscar soluciones a las dificultades de los extranjeros, en su mayoría de origen haitiano, afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.

La República Dominicana fue sometida por organizaciones pro derechos humanos y defensoras de los inmigrantes haitianos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la que conoció en una sesión celebrada en México casos de extranjeros que alegaron desnacionalización.

Una misión de la CIDH visitó Santo Domingo y fueron recibidos por el presidente Medina, a quienes dio seguridad de que buscaría una salida humanitaria a los casos de extranjeros en situación irregular en el país.

La Ley de Naturalización, creada por el Gobierno, fue consensuada con la clase política, las iglesias, legisladores y aprobada al vapor en el Congreso, y promulgada por el presidente Medina.

Dispone que los extranjeros pueden ser nacionalizados mediante el reconocimiento de los documentos por parte de la Junta Central Electoral a los que puedan demostrar que nacieron en el país y por un proceso de naturalización puesta en marcha por el Ministerio de Interior y Policía.

La regularización de los extranjeros, que fue una de las disposiciones de la sentencia del TC, comenzó su aplicación el lunes en 12 provincias y el Distrito Nacional, cuyo proceso durará un año y medio.

Como consecuencia de la sentencia 168-13, que dispuso además una auditoría y una regularización de los extranjeros residentes en el país.

El Gobierno dominicano recibió presiones de los países que integran el CARICOM, quienes acusaban a los dominicanos de xenófobos y racistas, términos que rechazó el presidente Medina en una cumbre del Sistema de Integración Centraomericana (SICA) con presidentes y jefes de Estados en Panamá.

Insulza, por otra parte, expresó preocupación por la situación de Venezuela y afirmó que no hay avances en el diálogo entre Gobierno y oposición, promovido por UNASUR.,

Dijo que el diálogo supone voluntad, no sólo de hablar sino de escuchar, dejar de lado prejuicios.