La democracia es el mejor sistema de Gobierno, pero tiene sus complejidades. Por momentos, esas complejidades se tornan en debilidades. Los gobiernos y grupos de poder se erigen, a menudo, en obstáculos para la democracia. Otras veces son los propios ciudadanos quienes crean óbices a este modelo de Gobierno.

Como en la democracia todos tenemos derecho a la palabra y a la asociación con fines políticos, algunos ciudadanos, entre ellos lideres políticos, han considerado que nada puede limitar sus actos en busca de prosélitos. Sin duda, con su accionar distorsionan las prerrogativas que otorga el sistema democrático.

Los partidos políticos, como entidades dirigidas por personas, cargan con la mancha de las acciones dirigidas por tales personas. La violación a la Ley en lo que respecta al inicio de campañas para promover candidatos, sobre todo a la presidencia de la República, es una falta que merece penalidad.

El anatema debe proceder de la institución que está facultada para ello, que no es otra que la Junta Central Electoral. Ciertos partidos y lideres andan en campana desde el día siguiente al cinco de julio de 2024, cuando fue reelegido el presidente Luis Abinader. Todo lo que hacen y dicen se centra en el enfoque proselitista.

La organización Participación Ciudadana alertó recientemente sobre la prevalencia de un clima de “impunidad electoral”, debido a la falta de acciones firmes de la Junta Central Electoral frente al proselitismo electoral anticipado. Ese proselitismo no se hace solamente bajo techo, sino que azota a cielo abierto.

A la Junta se le demanda aplicar sanciones con la firmeza y seguridad que ameritan las circunstancias y que le faculta la Ley. Una sanción de mucho peso seria que la JCE no admita candidaturas presidenciales que hayan sido lanzadas y promovidas fuera de los plazos establecidos por la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Algunos opinan que la JCE se ha mostrado débil y complaciente frente a las agrupaciones que se ocupan diariamente del activismo, no obstante lo lejano que está el período legal para esa práctica. Quizá sea pertinente tocar a los partidos por donde más le duele: la asignación presupuestal del Estado que reciben vía la JCE.

La Junta Central Electoral debe hacer prevalecer su autoridad. La democracia, como el amor, es tolerante, pero requiere orden y respeto. Quienes no respetan las normas electorales, esenciales en la democracia, no creen en la democracia, aunque procuren el poder valiéndose de este magnífico sistema de Gobierno.