El presidente Leonel Fernández, cumpliendo con reclamos de la opinión pública procedió a dejar sin efecto el Poder Especial otorgado al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado para que suscribiera un contrato para el diseño y construcción de la carretera entre Pedernales y Hondo Valle por un monto de US$389,036.106.11

El periódico digital Siglo XXI difundió la información y reproducida por El Nacional, de que la obra había sido adjudicada al consorcio Carretera Internacional, sin licitación o sea de grado a grado.

El presidente Fernández precisó a través del decreto 397-11 que la declaratoria de urgencia de la obra tenía como fundamento legal, lo estipulado en la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios y Concesiones del Estado.

Sigue diciendo la disposición presidencial que el poder había sido otorgado de esa manera con el propósito de solucionar, de manera definitiva e integral, el estado calamitoso que presentan las vías y como una medida preventiva ante los desastres que pudieran ocurrir durante la temporada ciclónica.

Pero, ante los reclamos de la opinión pública era preferible dejar sin efecto el poder previamente otorgado al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, para cumplir con los reclamos de la opinión pública, que está demandando que se lleve a cabo el proceso de licitación pública y de esa manera el interés del Estado estará protegido.

El Consorcio Carretera Internacional está integrado por las empresas Andrés & Camila Materiales y Construcciones, Compañía por Acciones y la Andrade Gutiérrez, sociedad anónima.

Las empresas habían sido contratadas para la rehabilitación, construcción y ampliación de la Carretera Internacional, entre Villa Anacaona y Pedro Santana.

Además los tramos comprendidos entre Montecristi, Dajabón, Villa Anacaona, norte y los tramos paralelos a la frontera centro y sur entre Pedro Santana-La Descubierta-Duvergé y Pedernales.

El presidente Fernández otorgó el poder especial sustentado en la Resolución de Urgencia número LS-007-2011, del 17 de febrero emitida por el director de la Oficina de Ingeniero Supervisoderes de Obras del Estado.

Mediante oficio 7792 del 30 de junio pidió que se dejara sin efecto.