La Procuraduría General de la República decidió este martes tomar control de los embargos que se hacen a los hoteles del Este, como forma de ponerle fin a las ocupaciones ilegales que hacen grupos de abogados y alguaciles.

El doctor Radhamés Jiménez Peña, procurador general de la República, dijo que de ahora en adelante los embargos serán controlados por el Ministerio Público.

Sin embargo aclaró que hay algunos embargos que se hacen bajo el control de los jueces de paz, sin la participación del auxilio de la fuerza pública, que la otorga el Ministerio Público.

Rechazó que en los referidos embargos, denunciados por los hoteles del este, participen representantes del Ministerio Público, en la presunta mafia en la que estarían envueltos jueces de paz, abogados y alguaciles.

El caso está siendo investigado por una comisión que preside el procurador adjunto Bolívar Sánchez, coordinador del Departamento de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República, e integran Francisco Polanco y el fiscal de Hato Mayor.

Para mañana miércoles, la comisión citó al presidente de la Asociación de Hoteles del Este, Ernesto Veloz.

El procurador lamentó que en uno de los casos haya repercutido a nivel internacional, dado el desorden escenificado en Hard Rock Hotel, en Punta Cana.

La Procuraduría General de la República no va a permitir que situaciones como esta se sigan presentando, dijo Jiménez Peña, entrevistado durante la apertura de un seminario internacional sobre seguridad ciudadana y justicia pena, en la Procuraduría General de la República.

Declaró que está a la espera del informe que le rendirá la comisión designada para tales fines, y anunció que esta misma semana, se reunirá con los hoteleros.

Adelantó que exigirá a los hoteles que digan de manera responsables cuáles son los abogados y alguaciles que se dedican a esa práctica.

Dio garantía de que el Ministerio Público actuará contra los responsables de esa alegada mafia.

En lo que va de año se han producido al menos seis casos de embargos autorizados por sentencias cuyos procesos han sido señalados como irregulares y realizados por tribunales fuera de jurisdicción. Dos de ellos fueron la semana pasada.