La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional citar como testigos a los fiscales de Baní que participaron en la investigación del caso de una supuesta banda delincuencial integrada por agentes de la Policía, acusada de asesinar un taxista y un mecánico en esa ciudad, en diciembre del 2016.

Esta mañana el juez Bernardo Coplín García conocía la audiencia preliminar a los policías Robinson Antonio Ovalle Geraldino, Alejandro Bidó Encarnación y Jesús Vásquez, a quienes se les atribuye la muerte del taxista Rubén Darío Díaz Pimentel y el mecánico Tirson Antonio Báez Mejía.

El abogado Manuel Mateo Calderón, de los imputados Fanny Mercedes Mejía y Samuel Herrera Peguero, solicitó la revisión de la medida de coerción contra su cliente, bajo el argumento de que las pruebas balísticas demuestran que las armas de sus clientes no fueron disparadas en la escena del crimen.

La Suprema Corte de Justicia dispuso su declinatoria de Baní hacia el Distrito Nacional, acogiendo una solicitud de la defensa de los imputados que había pedido al alto tribunal que ordenara que el juicio se realizara fuera de la provincia Peravia por asunto de seguridad.

Uno de los alegatos de los acusados, era que su integridad física corría peligro por la gran cantidad de personas que acudían al proceso y la actitud hacia los encartados.

En la instancia de solicitud de declinatoria, los abogados de los imputados alegaron que hicieron la petición en virtud de la presión y amenaza ejercida por las autoridades de Baní, principalmente por el senador Winston Guerrero.