El Observatorio Ciudadano de Corrupción, que encabeza Participación Ciudadana, urgió la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones para imponer régimen de consecuencia, penalizando su violación y aconsejó al Gobierno elaborar un listado de personas físicas y jurídicas vinculadas a actos de corrupción, para evitar ser contratadas por el Estado.
Asimismo, recomendó al Gobierno disponer de los recursos económicos necesarios, que permitan al Poder Judicial y al Ministerio Público desempeñar una adecuada administración de la justicia, capaz de enfrentar los grandes desafíos que conlleva la persecución de la corrupción administrativa.
Las organizaciones civiles Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y Ciudad Alternativa urgieron la necesidad de garantizar la independencia del Ministerio Público, con un respaldo legal, en el cual se modifique la forma de designación de las partidas presupuestarias para el sector justicia.
Dicho Observatorio demanda de un régimen de consecuencias con medidas coercitivas a los fines de dar cumplimiento a la Ley 200-04 que garantiza, entre otros aspectos, el derecho de los ciudadanos de acceder a las informaciones registradas en todo tipo de documento.
Además sugirió una ley de protección de víctimas, testigos y denunciantes, así como la creación de protocolos adecuados para su ejecución.
También plantearon la modificación de la Ley 340-06 para actualizar y mejorar su contenido, incorporando un régimen de consecuencia, y adecuando la normativa a las necesidades de los procesos de compras y contrataciones públicas.
Aconsejan la elaboración de un listado de personas naturales y jurídicas que estén vinculadas a actos de corrupción, con la finalidad de evitar su contratación.
