El Movimiento Cívico Participación Ciudadana se opuso esta mañana a que los miembros de la Cámara de Cuentas sean sometidos a un juicio político, como recomendó la comisión de diputados que lo investigó, en vista de que a ninguno de sus miembros se les ha podido probar apropiación ilegal de fondos públicos.

Leidy Blanco, coordinadora de análisis político de la entidad, consideró que deponer en estos momentos a los miembros del órgano fiscalizador, sería un golpe a la lucha contra la corrupción.

Afirmó que las imputaciones que se han hecho y han podido ser probadas hasta ahora, no revisten la gravedad que manda la Constitución para que se proceda a juicio político.

Consideró que por la experiencia anteriores de repartición política de los órganos de control y prevención de la corrupción y el clientelismo, es preocupante el destino que pueda tener la Cámara de Cuentas.

“Hablar de juicio Político a los miembros de la Cámara de Cuentas, es poner en riesgo los esfuerzos y trabajos que ha venido desarrollando el pleno, al margen de que esto implicaría suspender de sus funciones a los cinco miembros, dejando a la Cámara sin pleno y por lo tanto sin poder operar, lo que constituye un golpe a la lucha contra la corrupción”, sostuvo la ejecutivo de Participación Ciudadana.

Agregó que “no haber ejecutado con la debida eficiencia el plan de auditoria anual, no haber realizado una auditoria y análisis de la ejecución del presupuesto general del Estado, haber elaborado el proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas sin la participación de una comisión especializada, haber votado aprobando el pago de una indemnización debido a la desvinculación de un empleado, no haber aprobado 10 auditorías realizadas en el período anterior y que habían sido denunciadas como maquilladas por el presidente anterior, no se pueden considerar como faltas graves que ameriten un juicio, estas faltas administrativas y de gestión, pueden ser subsanadas con un compromiso serio del pleno y acompañamiento en seguimiento”.

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Blanco opinó que la Cámara de Cuentas como un órgano constitucional de control externo de los recursos públicos, es fundamental para la transparencia y lucha contra la corrupción.

“Sin embargo, a ninguno de sus miembros se les ha podido probar apropiación ilegal de fondos públicos”, resaltó la dirigente cívica.