PHOENIX (AP) Una junta estatal empieza el miércoles a trabajar en un programa de entrenamiento de policías de Arizona para que implementen una nueva y dura política del estad¯,contra la inmigración de indocumentados, evitando la etiquetación racial en su aplicación.

La ley restringe el uso de raza, color u origen nacional como base para interrogatorios de inmigración, pero los críticos temen que los policías aún así estarán influidos por sus prejuicios de que la mayoría de los indocumentados parecen hispanos. La forma en que está redactada la ley, casi lleva a los policías a la etiquetación racial, al mismo t la semana pasada. Se espera que la junta vote el miércoles sobre un sistema para el desarrollo del material de entrenamiento.

La gobernadora del estado, Jan Brewer, ordenó la creación del curso de entrenamiento cuando firmó la ley de inmigración ilegal el 23 de abril.

La normativa exige a los agentes de policía que comprueben el estatus migratorio de una persona si existen sospechas razonables de que están en el país sin papeles. Además, califica como delito estatal el estar ilegalmente en Estados Unidos.

La ley ha sido fustigada por grupos de derechos civiles y algunos funcionarios policiales, quienes dicen que la medida pudiera causar el interrogatorio de hispanos simplemente por su aspecto racial.

Dos policías, uno de Phoenix y uno de Tucson, las dos mayores ciudades de Arizona, han presentado demandas en las que piden a jueces que anulen la ley. Los policías argumentan en parte que la misma no puede ser implementada sin emplear etiquetación racial.

Los partidarios de la ley dicen que existen muchos factores aparte de la raza que pueden indicar que alguien está ilegalmente en el país. Dicen por ejemplo que un policía tendría una sospecha razonable si se encuentra con un automovilista sin identificación que dé información contradictoria y viaja por una ruta conocida de contrabando de indocumentados.

La ley fue aprobada en parte gracias al cabildeo de gremios que representan policías que argumentaron que se les debería permitir arrestar a los inmigrantes ilegales con quienes se encuentren.

Enfrentó la oposición de jefes policiales preocupados por los costos de implementarla y por sus potenciales efectos negativos en la confianza mutua que han cultivado en barrios hispanos.

La ley entra en vigencia el 29 de julio, a menos que sea bloqueada por impugnaciones legales pendientes.