Hace siete años, por esta vía, sugerí la legalización a través de las visas temporales de trabajo como solución al tema de la inmigración ilegal en República Dominicana. El próximo viernes, ese sueño se hace realidad al vencer el plazo para que las empresas regularicen el estatus de sus trabajadores extranjeros, so pena de costosas multas. Aunque aún tengo reservas sobre nuestra fortaleza institucional para sostener a largo plazo el reglamento de migración, las reacciones de los sectores que emplean mano de obra extranjera, aunque críticas en aspectos de la aplicación del reglamento, deben ser valoradas como interesantes.

Que las quejas de nuestros productores se centren en el costo del procedimiento y no específicamente en la carga agregada que representa la obligatoriedad de pagar al menos el sueldo mínimo de ley y de cotizar en la Seguridad Social, es un hecho que pudiera ser revelador. Los trabajadores extranjeros no parecen reducir la oferta de empleo para los dominicanos, sino que estos han estado supliendo la falta de demanda local para algunos trabajos específicos.

Uno de los argumentos en contra de la inmigración ha sido el supuesto robo de puestos de trabajo por los extranjeros a los nacionales, debido a que alegadamente los empleadores los prefieren porque pueden ser contratados con sueldos deprimidos. Esto luce ser un mito al verificarse la intención de nuestros empleadores de acoger el reglamento en lo que respecta a sueldos y cotizaciones en la Seguridad Social.

Dicho lo anterior, la entrada en vigencia de esta porción del Reglamento no queda completa sin una concientización a los inmigrantes. Las multas parecen ser efectivas para disuadir la contratación de mano de obra ilegal, pero a su vez los inmigrantes deben ser incentivados a optar por la vía legal, a través de la cual puedan acceder a sueldos más justos y ser beneficiarios del sistema de Seguridad Social.

Es probable que en búsqueda de su propio beneficio, los inmigrantes, hasta ahora ilegales, muestren disposición en asumir parte de la carga de legalización, lo que reduciría los costos para las empresas y aplacaría las quejas. Pero estos no valorarán esa alternativa y los beneficios que para ellos representa, a menos que ampliamente la conozcan y les resulte económicamente más viable que la ilegalidad.

El impacto de la entrada en vigencia de esta porción del reglamento posiblemente resulte palpable en los sectores formales, y esto nos permitirá valorar en su justa dimensión una política migratoria más dinámica e innovadora que las vigentes en muchos países desarrollados. Habrá obstáculos importantes en la fortaleza institucional de las entidades llamadas a hacer cumplir la norma y en la informalidad de nuestra economía, donde seguro seguirá permeando la mano de obra ilegal, obstáculos que, esperamos, sean superados. Pero me resulta incuestionable que ahora mismo estamos dando un paso en la dirección correcta para variar.