En una nota, al inicio de diciembre, el Banco Central informó que alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los mayores contribuyentes del incremento del IPC; asimismo el sector agropecuario creció 1.68% del IMAE (Índice Mensual de Actividad Económica) de noviembre, rezagado frente a los demás sectores. Sin embargo, estando tecnológicamente retardados, con un Índice de Factores de Productividad que es el más bajo de ALC, que indica la baja competitividad en el mercado, con demanda y oferta con fuerte desbalance, entonces es incomprensible que el Gobierno despida 820 técnicos; más: 790 pendientes de pensión, y todavía más: con las pensiones frenadas y los cancelados sin prestaciones.

El Gobierno ha dado prueba de falta de respeto a los mínimos estándares democráticos con estos técnicos y el ANPA lo considera un abuso, y en esa lógica subraya cumplir la Constitución. Los agrónomos y veterinarios son una clase cuyos aportes pueden mostrarse, y representan una masa crítica para una autoridad que pretende ignorarle. Pero lo grave de todo esto es que han perdido su trabajo por despido y ya son parados estructurados porque muchos de ellos por su edad no volverán a tener empleo. Gente que cae por debajo del nivel de pobreza, que sufre la carestía material severa, es decir, ya es gente del precariado nacional.

Gobernar con todo y para todos fue el compromiso, pero se ha convertido en una expresión acomodada, como si el ego y la prepotencia encallasen en la gestión gubernamental para hacer el mal voluntariamente. La propaganda y la realidad confrontadas, y no tenemos que poner una lupa sobre el Gobierno para comprobar su dualidad. Lo cuestionable es que el presidente Abinader no luce ser una persona que para lograr sus objetivos tenga que atropellar a las instituciones ni a una clase profesional tan venida a menos por un Gobierno que tiene gran apetito por las medidas populistas.

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