Por Namphi Rodríguez.-
La pandemia del covid-19 que asola el mundo ha traido secuelas en tres campos esenciales para la vida de las naciones: la salud, la economía y la institucionalidad.
En este ultimo, la Fundacion Internacional para los Sistema Electorales (IFES) ha registrado posposiciones de elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales en una treintena de naciones.
República Dominicana se encamina a formar parte de esa lista de aplazamientos electorales. Por esa razón, la Junta Central Electoral ha recibido de los partidos políticos sus opiniones sobre cuál debería ser el bajadero institucional a esta encrucijada.
Se barajan varias opciones, desde las que coinciden en que las elecciones pautadas para el 17 de mayo se deben aplazar para julio, hasta quienes prevén un escenario sombrío de prolongación del mandato del actual periodo constitucional si llegaramos al 16 de agosto sin elecciones.
La Constitucion en su articulo 274 establece que “el ejercicio electivo del Presidente y el Vicepresidente de la Republica, así como de los representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, terminarán uniformemente el día 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente período constitucional, con las excepciones previstas en esta Constitucion”.
Esas previsiones han sido subrayadas por el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC0062719, en la cual ha aclarado el criterio de que los períodos constitucionales son de duración fija.
Es decir, no se puede confundir el periodo constitucional, que no puede ser interrumpido ni prolongado, con disposiciones constitucionales atinentes a las atribuciones de los órganos constitucionales autónomos durante los periodos de estados de excepción.
Siendo, asi, las fuerzas políticas, la sociedad civil y la población se deben preparar para realizar elecciones dentro del actual periodo constitucional, si la evolución de la crisis sanitaria lo permite.
Bajo ninguna circunstancias se pueden acariciar ideas peregrinas de prolongación de mandato, ni de debilitamiento de la institucionalidad, como viene pasando en naciones como Hungría, donde el presidente ultraderechista Viktor Orban ha aprovechado esta crisis del coronavirus para debilitar la democracia y afianzar el despotismo.
Orban se ha hecho aprobar leyes alarmistas sobre las noticias falsas y desmejorado notablemente el clima democrático de Hungría.
Los dominicanos, que venimos de un episodio traumático con la “suspensión” de las elecciones de febrero y las conflictivas primarias abiertas de octubre del año pasado, estaremos de pie exigiendo que se cumpla con el principio de soberanía popular y con el respeto estricto a la Constitución.

