Los ingresos fiscales constituyen recursos imprescindibles para el financiamiento del gasto público. Nada mejor para un gobierno que desenvolverse en su desempeño económico con un superávit, es decir, con un balance positivo en su relación ingreso-egresos.

Todo déficit presupuestal resulta tormentoso e indeseable para un Estado cuyo Gobierno está llamado a tomar conciencia de que ante semejante saldo negativo en las finanzas públicas, lo que se impone es adoptar las políticas públicas pertinentes para alcanzar un equilibrio fiscal, sabiendo también que hay que saber convivir con el déficit.

Sin esas captaciones de dinero ni la maquinaria burocrática del Estado ni las construcciones de obras de infraestructuras ni las inversiones en gasto social podrían ser asumidas por el presupuesto nacional.

Es obvio que los gastos del gobierno dependen de sus ingresos, y cuando los primeros superen a los segundos sobrevienen los déficits presupuestales. Y es entonces cuando sale a relucir el tema de los impuestos y de la presión fiscal, la cual expresa la cantidad de dinero que el gobierno recibe de la riqueza material creada, eso que en economía se conoce como Producto Interno Bruto (PIB).

¿A quién le encanta pagar impuestos? ¿Cuál debe ser la magnitud de los ingresos fiscales que se debe establecer sobre los bolsillos de los contribuyentes, ya sean empresas o personas físicas? Es innegable que los impuestos presionan sobre los costos empresariales, pero

Cada país presenta una estructura económico-social específica, por lo que sería erróneo aplicar criterios mecánicos para fijar las formas y los sujetos llamados a pagar impuestos, aunque se debe partir de un elementar criterio de equidad social: quien perciba mayores ingresos debe tributar más.

En lo que respecta a la República Dominicana conviene tomar conocimiento que el presupuesto nacional se encuentra crucificado con cargas insostenibles: el déficit que se genera al subsidiarse el funcionamiento operativo del sistema eléctrico nacional, unido al tormentoso déficit cuasi fiscal que se gestó durante el período 2002-2003 debido a la crisis bancaria y las medidas de rescate financiero implementado durante el gobierno de Hipólito Mejía.

Téngase en cuenta que los citados compromisos financieros están consignados en el presupuesto nacional y representan una carga financiera equivalente al 20 por ciento de los gastos del gobierno durante el año 2012, medrando las posibilidades de mayores partidas para el gasto social y apoyo a la esfera productiva agropecuaria y al sector de la pequeña y mediana empresa, pasando por el sector industrial.

Es lógico pensar que, en principio, el crecimiento económico viene acompañado por mayores demandas de gasto por la expansión de actividades urbanas y más demanda de servicios públicos, entre otras razones. Pero ese crecimiento no debe confundirse con el desarrollo social, pero sin éste no sería posible distribuir riqueza creada.

Compete a cada país adoptar las medidas tributarias necesarias para enfrentar el impacto de una crisis económica mundial que hace disminuir la demanda interna, las exportaciones de bienes y servicios y, por vía de consecuencia, atenúa o reduce la tasa de crecimiento, lo que también afecta los niveles del ingreso y el gasto público.