Fundamento

Son más que valederas las razones expuestas por la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, para destinar a tratamientos y medicamentos de alto costo los recursos que se utilizaban para asistencia social.

No es función de esa cartera donar ataúdes o ayudas a personas necesitadas, sino prevenir o proporcionar asistencia sanitaria a la población. La solvencia y experiencia de Guzmán Marcelino avalan su decisión de emplear en trasplantes de órganos y medicamentos a personas que no tienen cobertura los recursos que se destinaban para dádivas.

Ese programa de alto costo cuenta con 8,753 beneficiarios, entre los cuales hay más de 500 trasplantados, que de no ser por el Ministerio de Salud Pública muchos no estarían vivos.

Entonces, como advirtió la funcionaria, es más importante tener a la persona con vida y no socorrerla con la donación de un ataúd para su entierro. No se puede alegar que la costumbre hace ley. Quienes se acostumbraron a pedir sillas de ruedas, camas, suplementos alimenticios, leche y pañales, entre otros, deben entender la medida