Amenaza

Representa una nota preocupante la afirmación del vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, en el sentido de que la resolución del Tribunal Superior Administrativo que suspende la redistribución de diputados constituye una amenaza para el Estado de derecho.

Si es así, resulta todavía más preocupante que la conflictiva decisión, adoptada en atención a un recurso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no haya sido objetada por ninguna fuerza política.

Y el mismo hecho de que la Junta Central Electoral (JCE) decidiera acatar antes que apelar la sentencia que suspende la redistribución de diputados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y otras demarcaciones.

Al respecto, el vicepresidente de Finjus advierte que la aceptación del fallo constituye una debilidad de la normativa procesal administrativa y constitucional. Señalamientos como los de Castaños Guzmán evidencian no solo la debilidad, sino que aumentan la desconfianza en el sistema institucional. Lo cual es muy grave.