Atentado
Al anunciar que ya existe un borrador para la modificación de la Ley de Seguridad Social, la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, tocó una de las teclas que más conspiran contra el desarrollo del sistema.

Se trata de los retrasos y faltas de pagos a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo que constituye, de ser como ha afirmado, un atentado contra la salud de los afiliados.

Es inconcebible que haya 195 entidades públicas con un atraso en el TSS por más de 10 mil millones de pesos y otro de $40 mil millones del sector privado, lo que requiere de una investigación. Para solucionar el problema, que no es la primera vez que se ventila, no hay que esperar que se modifique la ley, sino obligar a que se cumpla con ella.

La evasión y la elusión son prácticas que se arrastran desde hace tiempo, tal vez hasta del conocimiento de autoridades. Al ventilar la violación la titular de Salud Pública no ha hecho más que poner el dedo en la llaga. Bien que se modifique la Ley de Seguridad Social, a fin de actualizarla, para mejorar los servicios a los afiliados, pero mientras hay que velar para que se cumpla.