El Partido Revolucionario Dominicano (PRM) advirtió que sus representantes en los ayuntamientos del país rechazarán cualquier iniciativa tendente a aumentar los salarios o aprobación de pensiones a los alcaldes o regidores.
El doctor Andrés Bautista, presidente del PRM; Jesús Vásquez, secretario general y Rafael Montilla, secretario de actas, advirtieron que los representantes del partido que no acaten esa decisión, serán pasibles de ser sancionados.
Calificaron de ilegales y reñidas con el buen manejo de fondos públicos, las acciones llevadas a cabo por los miembros de la sala capitular de los ayuntamientos en varias provincias del país.
“Hemos instruido a nuestros alcaldes, regidores y vocales de los ayuntamientos y juntas de distritos municipales, rechazar esas acciones, a todas luces, ilegales”, señala el PRM.
Explican que esas medidas en esos ayuntamientos están destinadas a favorecer con el otorgamiento de pensiones y aumentos de salarios a los funcionarios y representantes salientes y electos, así como empleados del área administrativa, comprometiendo irracionalmente el patrimonio municipal.
“Advertimos que los miembros del partido que ocupen las indicadas posiciones o algún cargo administrativo en su respectivo ayuntamiento, de contravenir la línea ética de nuestra organización, se harán pasibles de ser sancionados de acuerdo con las disposiciones que a ese respecto establecen los Estatutos”, expresaron.
Resaltan que los representantes del pueblo organizados en el PRM están comprometidos a votar en contra de cualquier medida de la naturaleza señalada o que de algún modo pueda afectar el manejo responsable, diáfano y transparente de los fondos municipales, debiendo hacer las denuncias.
Indican que la Constitución, en su Art. 75, Numeral 12, establece como uno de los Deberes Fundamentales para todo ciudadano el “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto al patrimonio público y el ejercicio transparente.
Citan además que la Ley No. 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, del 30 de mayo de 1991 y su Reglamento de Aplicación No. 81-94, del 29 de marzo de 1994, han establecido el otorgamiento de pensiones y jubilaciones de servidores públicos.
