Pro Consumidor cerró una planta envasadora de gas licuado de petróleo (GLP) en Santiago, tras detectar que estaban vendiendo GLP en un promedio de 0.75 galones menos por cada cinco galones a los usuarios de ese combustible.

La sustracción del gas licuado de petróleo en perjuicio del consumidor equivale a 77 pesos por cada 5 galones de gas despachados.

Se trata de la planta envasadora Cocaleca Gas, ubicada en la autopista Duarte, kilómetro 5, en la entrada de la Presa de Tavera, Santiago de los Caballeros.

El fraude que estaban cometiendo contra los consumidores fue detectado en una inspección realizada en compañía del personal del Indocal.

Los dispensadores fueron cerrados por el personal de Pro Consumidor.

La entidad defensora de los consumidores anunció que la envasadora Cocaleca será sometida a la justicia a través del Ministerio Público de Santiago por la estafa cometida, tras la entidad anunciar que continuarán las inspecciones atendiendo denuncias de los consumidores.

Pro Consumidor espera que la justicia actúe en consecuencia ya que la estafa esta penalizada en nuestro Código Penal.

La planta irá a la justicia, porque como no quieren las multas administrativas, pues tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados.

Las no conformidades encontradas en esta envasadora fueron las siguientes: de los cuatro dispensadores verificados tres estaban despachando por debajo del estándar, en perjuicio del consumidor.

Además, los tres dispensadores estaban despachando GLP en esta planta directamente del camión abastecedor, por lo que estaba violando la Ley 2119-72 sobre regulación y uso de GLP.

En los últimos días en el Cibao y en todo el país se han incrementado las denuncias de consumidores que son estafados en la compra de GLP en las plantas envasadoras.

Pro Consumidor e Indocal acudieron a esa planta envasadora atendiendo a denuncias de los residentes de la zona que se percataron de que el GLP no les estaba rindiendo lo suficiente.

La Fiscalía de Santiago elabora el expediente en los próximos días y apoderará a un tribunal para que conozca de la solicitud de medida de coerción y posteriomente formulará la acusación para el juicio.