El Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) tendrá que ponerse pilas nuevas para poder defender a la ciudadanía ante el oleaje de especulación, engaños, estafas y malos servicios a que es sometida en la cadena de comercialización de bienes y servicios.

La gente no encuentra dónde acudir para expresar sus quejas o denuncias ante establecimientos o empresas que no cumplen con lo estipulado en la compra de un artículo o lo acordado en la contratación de un servicio, ya sea un “delivery”, o a través de las muchas “ofertas” que se promueven a través de los medios de comunicación y de redes.

Debería Proconsumidor poner especial atención a prestadoras de servicios básicos como teléfono, electricidad, agua y telecable, entre otros proveedores, que tienen a sus clientes al garete con incrementos ilegales de facturación o servicios deficientes.

Los alcances de las letras pequeñas que aparecen en promociones comerciales, como aquellas de “algunas restricciones se aplican”, deberían ser esclarecidos con el auxilio de la institución estatal que debe velar por los derechos de los consumidores.

Son muchos los establecimientos de comida rápida y restaurantes que no satisfacen requerimientos mínimos de calidad, precios y entrega a que se comprometen con sus clientes o usuarios, lo que amerita que Proconsumidor realice una más eficiente labor de fiscalización.

La labor de esa entidad no debería limitarse a la de un destacamento que solo recibe denuncias, sino a la de un ente proactivo que aplique programas de vigilancia y prevención en favor de la ciudadanía aguijoneada por prácticas desleales de comercio.

Una población en confinamiento nocturno y obligada a realizar la mayoría de sus transacciones por internet o teléfono, no debería sufrir estas formas de negligencia e inobservancia por diferentes suplidores, algunas de las cuales llegan a convertirse en estafa o engaños.

En estos tiempos difíciles Salud Pública tiene la misión de prevenir y contener los contagios de coronavirus, como Proconsumidor la obligación de proteger a la ciudadanía de especulación, falsa publicidad, aumentos ilegales de tarifas y otras formas de abusos en que incurren comerciantes, fabricantes y proveedores.