El procurador general de la República rechazó que vaya a producirse un caos en la administración de justicia si las decisiones de la Suprema Corte de Justicia son revisadas por el Tribunal Constitucional, como pronosticara en la víspera el presidente del alto tribunal de la judicatura, doctor Jorge Subero Isa.
El doctor Radhamés Jiménez Peña recordó que en toda parte del mundo el Tribunal Constitucional ejerce un control en lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y resoluciones administrativas, lo que abarca y vincula todos los poderes del Estado.
Jiménez Peña no descartó que se produzcan choques naturales entre la Suprema y el Tribunal Constitucional, y citó que en España y en otros países se han producido esas diferencias, pero consideró que ese es el juego de la democracia con las instituciones que son transparentes y funcionan.
El funcionario judicial insistió en que no puede haber caos sino dificultades, tras indicar que esa situación no se ha producido en España, Perú y donde quiera que existe un Tribunal Constitucional.
Agregó que en Ecuador, en Venezuela y en los países Latinoamericano que han hecho cultura constitucional no habido o no se ha producido ningún caos, aunque sí algunas dificultades propias del sistema.
Subero Isa advirtió este lunes que en la República Dominicana podría producirse un caos en la administración de justicia, si las decisiones del máximo tribunal de justicia son objeto de revisión por el Tribunal Constitucional.
El magistrado insistió en que crearía conflictos institucionales que no terminarían en cosas buenas, convirtiéndose en un peligro para la seguridad jurídica de la Nación.
Al rechazar la advertencia del doctor Subero Isa, el procurador Jiménez Peña resaltó la importancia que representa la instauración del Tribunal Constitucional y defendió el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo.
El procurador habló tras anunciar que el Ministerio Público y la Policía elaborarán un manual operativo a fin de coordinar los procesos investigativos, en un encuentro al que asistieron el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez; el fiscal Alejandro Moscoso Segarra; el procurador adjunto Frank Soto, el director de la Escuela del Ministerio Público, Ramón Núñez y el experto chileno Rafael Blanco.

