Por Jesus Galan
El Nacional
El procurador general de la República se opuso ayer a la incautación de armas de fuego amparadas con permisos legales y favoreció que los agentes policiales que incurran en esa acción sean encarcelados.

El doctor Radhamés Jiménez Peña admitió que hay confusión en la población en torno a la medida dispuesta por la Secretaría de Interior y Policía.

Jiménez Peña explicó que la confusión radica en que se ha anunciado un desarme de la población, en vez de informar que se dispuso la medida contra los que las exhiban públicamente en las navidades.

El funcionario judicial enfatizó en que no pueden ser incautadas las armas de personas que las porten en sus vehículos con los permisos legales correspondientes.

Recordó que ya la cartera de Interior y Policía aclaró sobre el porte de armas de fuego en Navidad, que no se trata del desarme de la población sino de la exhibición de las armas.

Reiteró que las personas que porten sus armas en los vehículos, éstas no pueden ser incautadas por los policías y que, incluso, está de acuerdo en que los agentes que incauten armas que sus dueños tengan en sus vehículos con permiso legal, sean cancelados.

Jiménez Peña llamó a las personas que les incauten sus armas de fuego con permiso legal y sin estar exhibiéndolas, deben denunciar a los agentes.

Dijo que está de acuerdo con la opinión de algunas personas de que primero hay que desarmar a los delincuentes, y consideró que eso sería lo ideal, ya que no hay razones para andar portando armas de fuego, ya que con estas armas es que se cometen el 68 por ciento de los homicidios y el 80 por ciento de los feminicidios.

La medida anunciada por el titular de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda Rancier, ha encontrado la oposición de diversos sectores, que entienden que la incautación de las armas de fuego amparadas con permisos legales, pone a la población a merced de los delincuentes.

Entre los que han criticado la medida se encuentra el productor de programas televisivos Freddy Beras Goico, quien llamó la población a desconocer la resolución.

En otro orden, el procurador dijo que no ha recibido ninguna solicitud para la extradición de dos generales en relación al caso de los siete asesinatos en la comunidad de Paya y que, por el momento, lo que se ha dicho al respecto cae en el marco de la especulación.

Dijo que no ha recibido todavía por escrito la renuncia de la fiscal Adjunta de Baní, que ella la presentó ante el procurador de Baní pero que por escrito no la ha recibido aún la Procuraduría

Sobre el sonado Caso de Paya hay confinados al menos 18 ex oficiales de la Marina de Guerra y algunos civiles. Entre ellos figura el ex capitán de fragata Edward Mayobanex Rodríguez Montero y el civil Luis Lara. A todos les fueron impuestas medidas de coerción de 18 meses.