El inspector general de la Procuraduría General de la República, Bolívar Sánchez, aclaró que fue por entorpecer las investigaciones que hace en la Fiscalía de Ocoa que solicitó y obtuvo la suspensión del fiscal de esa jurisdicción, Nerys Soto Féliz. Sánchez negó que la suspensión de Féliz obedezca a razones políticas, como alega el suspendido fiscal, quien dijo que su caso guarda relación con una investigación sobre la muerte de una persona que, según él, fue asesinada en una finca del senador de esa provincia, Carlos Castillo.
El funcionario de la Procuraduría dijo que el Consejo Superior del Ministerio Público a unanimidad acogió el pedido que él hiciera en torno a la suspensión del procurador fiscal de Ocoa, para de esa forma facilitar el proceso de investigación que por diferentes razones se realiza en dicha dependencia del Ministerio Público.
En ese sentido, expresó que durante poco más de dos meses se ha venido desarrollando una exhaustiva investigación en la Fiscalía de Ocoa, en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos económicos provenientes de las garantías económicas de imputados, alegadas desapariciones de expedientes así como supuesto mal manejo de las armas incautadas.
Igualmente destaca que se ha estado auditando los períodos comprendidos entre enero del 2012 a enero del 2014, específicamente de los expedientes ligados a garantías económicas o fianzas, la cual está ya avanzada y cuyos resultados estarán listos en los próximos días.
“Nosotros estamos investigando a la Fiscalía de dicha jurisdicción y durante el proceso estuvimos encontrando escollos que entorpecían las investigaciones, determinando posteriormente que los mismos estaban siendo dirigidos por el titular lo cual es una falta grave y por tales razones hemos solicitado ante el Consejo Superior del Ministerio Público la suspensión del titular Soto, hasta tanto culmine el proceso de las investigaciones”, expresó el inspector Sánchez.
Descartó que las indagatorias tengan vinculación con ningún otro caso que no sean las razones ya explicadas y agregó que en este momento hay personal de la Inspectoría General del Ministerio Público, en la fiscalía de Ocoa.
En tanto el suspendido fiscal levantó ayer una huelga de hambre que mantuvo durante dos días en reclamo de que una comisión imparcial revise su caso.
Reveló que cuando obtuvo el vídeo en el que un presunto narcotraficante denunció que la fiscal adjunta Rosanna Rodríguez Melo cobraba peaje, pidió una investigación sobre los policías participantes y la suspensión de la fiscal.
Siempre ha insistido en que se investiguen los bienes de su familia, así como su patrimonio personal, tras asegurar que es “un hombre serio”.
