(60)
La pandemia de la post-pandemia está siendo la reversión de muchos de los avances tecnológicos implementados por el sector público, que beneficiaban a ciudadanos y la economía, volviendo a su situación anterior empujados por el deseo de seguir haciendo las cosas “como siempre se habían hecho”.

La República Dominicana no es única en este sentido, pero el Estado dominicano tiene que verlo como el problema de sostenibilidad administrativa que es, seguir promoviendo la integración tecnológica a sus servicios y hacerlo un foco estratégico permanente del Estado.
En febrero de este año la antigua oficial de innovación de la FDIC escribió un artículo de opinión en Bloomberg donde habló ampliamente de lo que ella describe como “tecnofobia regulatoria” que le llevó a renunciar de su cargo.

Esa tecnofobia regulatoria está empezando a mostrar su feo rostro en la República Dominicana de diversas formas, desde la aversión del Estado como empleador al teletrabajo, hasta la eliminación de las alternativas digitales de los servicios del Estado y la reversión de muchos proyectos internos de modernización de la gestión administrativa.

La regresión tecnológica del Estado no solo tiene un impacto por los costos ya incurridos en los avances que hoy estamos desmontando, sino en costos de oportunidad por la falta de continuidad en la implementación y por los costos a futuro cuando esto deba ser retomado por tratarse de avances que resultarán ineludibles para la sostenibilidad administrativa del Estado en una sociedad y una economía cada vez más digital y tecnológicamente avanzada.
Para evitar la regresión y asegurar la continuidad de los avances del Estado en esta materia, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo pueden crear una oficina permanente de innovación tecnológica con un representante designado a cada entidad del Estado como oficial de innovación tecnológica que no sólo impulse los avances dentro de cada entidad, sino que fiscalice su implementación y de reportes de continuidad al Congreso o a la Presidencia.

Adicionalmente, todas las entidades del Estado deben crear dentro de sus estructuras equipos dedicados a la gestión del cambio, a los fines de que los funcionarios y el servicio civil del Estado esté mejor equipado para adaptarse a los cambios que introduzcan la tecnología y hacer la flexibilidad al cambio tecnológico del capital humano parte de la cultura institucional del Estado.

Hay mucha tela donde cortar respecto a la tecnofobia regulatoria, y en general la tecnofobia institucional tanto en el Estado como en el sector privado en la República Dominicana, pero el brote pandémico de esta regresión tecnológica post-pandémica es un asunto que debe ser atendido de urgencia por parte del Estado dominicano. La tecnología no es un asunto de caprichos y chulerías de unos cambios, es un asunto de eficiencia, reducción de costos y mejoría sustancial de la capacidad del Estado en hacer su trabajo y la sostenibilidad funcional del Estado mismo en los roles que debe asumir frente a la sociedad. Dar reversa en estos momentos es inaceptable.