El Fondo Nacional para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad que acaba de implementar el Gobierno es una saludable iniciativa para abordar un problema social y humano.

No en su totalidad, pero con el programa, que en su primera etapa beneficiará con 6,000 pesos a 500 familias con hijos con discapacidad, se salda una deuda en materia de protección social.

El programa, que implementarán el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, Supérate y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), contribuirá a elevar la calidad de vida de los beneficiados, así como a garantizar el acceso a servicios y apoyo para la atención de sus necesidades básicas.

Los potenciales beneficiados, que son los que están en edades comprendidas entre 0 y 17 años, tienen que estar registrados en el programa Supérate. Aunque se tiene ya un registro, las autoridades deben sopesar la inclusión de aquellas personas que por negligencia o alguna otra razón están fuera del programa.

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Lo justo sería que la protección alcance al mayor número de necesitados. La protección social que se ha decidido proporcionar a las familias con niños y adolescentes con discapacidad debe ser lo más abarcadora posible.

La primera dama Raquel Arbaje y los demás integrantes de la iniciativa merecen su reconocimiento por tomar en cuenta en materia de protección a personas que en la mayoría de los casos la necesitan.