SANTO DOMINGO.- Pagos a contratistas por más de RD$ 21 mil 100 millones, sin ningún tipo de soporte ni evidencias documentales, fueron hechos en la termoeléctrica Punta Catalina, según revela una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas (CCRP) correspondiente al período 2013-2021.

Los auditores determinaron que por tal razón, no se pudo validar el 14% del total registrado en la cuenta de construcción en proceso por falta de documentación justificativa.

La citada auditoría precisa, además, que se detectaron pagos no registrados contablemente por RD$10 mil 091 millones y que el Ministerio de Hacienda realizó pagos (intereses, comisiones, ITBIS), que no fueron contabilizados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Según la Cámara de Cuentas, Punta Catalina seguía en proceso de construcción en 2021 pese a estar operando desde abril de 2020 cargada a la cuenta de activo, lo que resulta una incongruencia.

Auditoría revela pagos sin evidencia documental en Punta Catalina por más de RD$ 21 mil millones

El costo total para el Estado de la construcción de dicha planta, según la auditoría, ascendió a US$ 3 mil 276 millones, equivalentes a RD$ 148 mil 021 millones, muy por encima del precio base del contrato, que era US$1,945 millones.

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Indica que se hicieron modificaciones superiores al 50% del monto inicial en contratos de servicios de empresas contratadas, como Stanley Consultants y Manatt Phelps.

Se hicieron además, según precisa el estudio, contrataciones de emergencia sin rendición de cuentas, ni remisión de informes a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República sobre las contrataciones hechas bajo decretos de emergencia.

Se hicieron, además, procedimientos sin remisión de informes, adjudicaciones directas sin licitaciones, ni procedimientos competitivos.

Detalla, por demás, la citada auditoría, que se hicieron contrataciones por US$ 33.8 millones y RD$ 8.2 millones sin evidencia de ningún procedimiento de selección.

Añade que también se hicieron contrataciones de emergencia sin evidencia de procedimiento, con proveedores no habilitados para contratar con el Estado.

Dice que se hicieron contratos suscritos con personas y empresas sin inscripción en el Registro de Proveedores del Estado.

La auditoría reseña que se hicieron adjudicatarios sin evidencias de estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Señala que en el uso simultáneo de modalidades de excepción, hubo aplicación conjunta e indebida de «proveedor único» y «exclusividad» en un mismo proceso.

La auditoría detectó falta de garantías contractuales obligatorias y que en múltiples contratos no se exigieron las garantías legales de seriedad de la oferta.

Como hallazgos preocupantes, la auditoría detectó la contratación de publicidad sin justificación por valor de RD$164.7 millones bajo contratos de excepción, sin informe pericial ni resolución del Comité de Compras.

Entre los hallazgos descubiertos en la auditoría figura la contratación de publicidad por RD$164.7 millones bajo contratos de excepción, sin informe pericial ni resolución del Comité de Compras. También, la contratación de publicidad a través de intermediarios sin licitación por D$287 millones en servicios contratados vía intermediarios sin procesos de selección.