El presidente Luis Abinader ordenó entregar al Ministerio Público un informe que contiene “graves hallazgos” de anomalías detectadas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), disposición cumplida el sábado por el Superintendente de Riesgos Laborales (Sisalril) y por el actual director de la institución objeto del supuesto desfalco, Edward Guzmán.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, recibió el legajo de documentos de manos de Miguel Ceara Hatton y Guzmán, sobre los cuales prometió darle curso de acuerdo con la normativa legal, en lo que se define como la más contundente respuesta del mandatario frente a un escándalo de corrupción detectado en el Gobierno.

Entre los hallazgos que se incluirían en ese informe figura que desde 2020 el Senasa paga, al menos en un contrato con suplidores de servicios de salud, más de 65 millones de pesos mensuales, sin necesidad de que se constatara la prestación de esos servicios en el ámbito de atención primaria.

También se menciona que en esa institución operaba un centro de llamadas (call center) paralelo que gestionaba autorizaciones y pagos por servicios médicos inexistentes prestados a supuestos pacientes, cuyos datos personales habrían sido sustraídos y agregado historial médico fraudulento.

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Durante la gestión de gobierno del presidente Abinader se han producido numerosos escándalos de corrupción, en algunos de los cuales funcionarios involucrados fueron traducidos a la justicia, otros destituidos, pero también figuran quienes preservaron sus posiciones oficiales o fueron removidos a otras dependencias, a veces de mayor jerarquía.

Aunque algunos de los casos tipificados como prevaricación afectaron al Ministerio de Salud Pública, el escándalo que atribula al Servicio Nacional de Salud impacta negativamente sobre el Sistema de la Seguridad Social en su conjunto y al 72 % de los afiliados a administradoras de riesgos de Salud, a cargo del Senasa.

La resolución del Sisalril que trasfiere 12 mil millones de pesos al Senasa para rescatar su esquema de ARS y financiar a millones de afiliados al seguro médico subsidiado parece vinculado con el escándalo que ha motivado al Gobierno entregar al Ministerio Público un informe contentivo de “graves hallazgos”.

El presidente Abinader ha actuado correctamente al traducir ese grave caso de corrupción al ámbito del Ministerio Público, así como reiterar que cualquier situación de prevaricación correría la misma suerte. Esta desgarradora experiencia debería servir de punto de inflexión para que hoy mismo el Gobierno emprenda una guerra sin cuartel contra los corruptos.