El Ministerio Público ha advertido que tomará “medidas cautelares” contra una supuesta campaña mediática de descrédito financiada con dinero ilícito que procura obstruir los procesos contra la corrupción que se incoan en los tribunales, lo que ha sido interpretado como una clara amenaza a la libertad de prensa.

Sin precisar cuáles acciones encaminaría para evitar que se obstruyan esos procesos judiciales, el órgano acusador aseguró en un amplio comunicado que las críticas a los acuerdos sobre delación privilegiada con imputados en diversos casos penales “tienen las características de ser financiados con recursos ilícitos».

Es claro que las amenazas de la Procuraduría General de la República van dirigidas contra abogados, periodistas, comunicadores, opinadores, influencers y medios de comunicación que se han referido a acuerdos arribados por el Ministerio Público con abogados de imputados que servirían como testigos de cargo.

Las críticas públicas han estado dirigidas a convenios con implicados en casos de corrupción que habrían devuelto al Estado cantidades de dinero significativamente menores a las que en expedientes penales figuran como sustraídas, y de que al menos un delator privilegiado posee la condición de prófugo o no se ha constituido en prisión.

La Procuraduría General debería presentar las evidencias probatorias que sustentan su denuncia de que se ha puesto en marcha una campaña de descrédito financiada con dinero ilícito para obstruir procesos contra la corrupción, con las cuales puede someter ante los tribunales a los responsables.

En vez de aclarar o de ilustrar a la opinión pública sobre el uso que confiere a figuras jurídicas como las del “criterio de oportunidad” y “delator privilegiado”, el Ministerio Público califica de deshonesto y poco profesional las críticas vertidas a su proceder, que califica también como deliberadas y aviesas.

Las medidas cautelares procuran preservar el bien litigioso o prevenir la eficacia final de la sentencia, pero por lo expuesto por las autoridades, de aplicarlas para enfrentar una campaña mediática de descrédito, financiada con dinero sucio, representa una amenaza contra la prensa y la libertad de expresión.

El Ministerio Público debe identificar a las personas físicas o jurídicas que impulsarían con dinero ilícito esa supuesta trama mediática para obstruir procesos contra la corrupción, porque si no lo hace quedaría comprobado que de lo que se trataría es de intimidar a la prensa y a periodistas, que obviamente rechazan a todo pulmón ese despropósito.