Los escándalos de ministros religiosos involucrados en actos delictivos, sobre todo abuso a menores y otros delitos sexuales, se destapan a diario con expectativas de inacción cómplice de las cúpulas eclesiásticas que con esta actitud se auto incriminan.
Es secreto a voces que hay homosexuales entre servidores religiosos y lo ha admitido el mismísimo Papa Francisco en población vaticana, corroborado en hechos pretéritos causantes de procesos judiciales zanjados vía arreglos económicos con casos relevantes en Estados Unidos. La preferencia sexual no es delito, es decisión personal que no entraña ilícito y responde a voluntad individual o particular, que tiene únicos límites el no afectar derechos de otros.
Las iglesias no están ajenas a homosexualidad, por aquello que hay de todo en la viña del Señor, y han de respetarse estas situaciones, veladas o no, siempre que no impliquen daño a otras personas, abuso de jerarquías ni engaños.
La jerarquía católica mundial, y dominicana en específico, está ante dilema de contribuir con autoridades judiciales y sumarse al clamor público de procesamiento criminal a presuntos abusadores sexuales, o apañar inconductas y utilizar poder fáctico y coyunturas políticas para protegerlos.
El Vaticano, bajo égida del Papa Francisco, ha marcado línea con decisiones y acciones puntuales que evidencian disposición de separar frutas podridas de sanas y este es momento de trasladar señal al ámbito local.
La presunción de inocencia debe respetarse, el sensacionalismo periodístico es tan perverso como el abuso sexual, hechos denunciados y sospechados tienen que ser probados en juicio público y contradictorio, los religiosos no tienen privilegios legales y son mortales igual que todos.
La iglesia católica debe ejercer jerarquía sobre sacerdotes y ponerlos a disposición judicial para despejar dudas sobre imputaciones escandalosas contrarias al ministerio divino y ordenamiento terrenal, así se es justo dando a cada cual lo que le corresponde.
