Por Rafael Ciprián

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En la entrega anterior de esta serie terminamos afirmando que la terrible pandemia de la COVID-19 viene impulsando, paradójicamente, cambios muy positivos en la justicia dominicana. Y he aquí uno de los efectos beneficiosos que dejará esa desgracia global.

La transformación que el coronavirus está facilitando en todo el Poder Judicial se centra en la forma y los recursos que la administración de justicia deberá adoptar para cumplir con su obligación frente a la potestad jurisdiccional del Estado.

Afirmamos que la enfermedad mundial viene facilitando los cambios porque antes de que llegara a conocerse ya el magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, había anunciado que se necesitaba una nueva ola de reforma en la Judicatura, y la explicó señalando que debíamos tecnificar todo el quehacer judicial, hasta el grado de que llegáramos alcero uso de papel.

Ese es un mérito que merece reconocimiento, y sin mezquindad alguno. Con esa aspiración, el magistrado Molina reflejó la influencia que recibió, primero, de Bill Gates, el magnate americano de Microsoft y, segundo, de la experiencia que obtuvo con su paso por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL). Y esa influencia, sin lugar a duda, será beneficiosa para el país.

Todos sabemos que la Covid-19 impone que cambiemos muchos de nuestros hábitos y costumbres personales e institucionales. El distanciamiento entre las personas es una necesidad y la eficiente operatividad organizacional de hoy requiere del manejo adecuado de la alta tecnología.

Eso nos lleva al uso intensivo de la Internet, los equipos computacionales (hardware) y las entidades programáticas (software), en una combinación diestra y armoniosa para brindar una justicia pronta, eficiente, eficaz, independiente e imparcial. Con ella podremos avanzar en la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho, que proclamó el artículo 7 de nuestra Constitución.

Solo eso garantiza la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las personas. Promoverá el progreso real, con desarrollo social, económico y político, producto del fortalecimiento institucional yde las inversiones económicas que atraerá. No hay democracia sin una administración de justicia confiable y fuerte.

El proceso institucional que nos llevará, protegiendo la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa, como garantías sustantivas, al manejo de expedientes digitales, las audiencias virtuales y el trabajo a distancia, con todas sus consecuencias, lo estamos viviendo. Y las resistencias naturales a los cambios de hoy son neutralizadas por los temores a infectarse con la COVID-19. Ese es un efecto positivo.